El plebiscito para la nueva constituyente de Chile era una amenaza contra las libertades individuales, la propiedad, los derechos económicos y productivos. Era una afrenta contra el pueblo chileno y contra Sudamérica en general. Gabriel Boric demostró su incapacidad al mando, pues incluso sus ahora casi ex aliados políticos le acusan de incompetencia pues tenía todo servido para continuar con el plan marxista-allendista.
Boric planeaba imprimir para la historia la Carta Magna más progresista de América Latina, proponiendo convertir al Estado chileno en el garante de más de 100 derechos. Derechos subjetivos, incorpóreos y además que favorecerían solo a un sector de la población, dejando a los demás sectores por fuera, incluso expulsándolos de su nación, solo como las tiranías lo saben hacer.
Chile es un país productivo y con un desarrollo económico bastante considerable dentro de la región, además es una nación democrática y con una clase media y alta bien establecida. No es un país perfecto, claro está, pero está bien por encima de la media en la región. Se puede considerar a Chile, junto con Uruguay, como un país ejemplar dentro de la realidad latinoamericana.
Ahora bien, solo por el hecho de que la Constitución propuesta promoviera en principio los derechos sociales, el medio ambiente, la paridad de género y los derechos de los indígenas, no significa que fuera inclusiva, legitima y, de veraz, democrática.
El descontento social va más allá de lo que la Constitución de Boric planteaba y supera las expectativas, pero de modo negativo, tan así que el pueblo salió a votar y ganó rotundamente el rechazo.
Mientras tanto en Colombia se planea ejecutar una estrategia similar para una constituyente del mismo corte marxista. Sin embargo, se llevaría a cabo excluyendo a la ciudadanía.
Una nueva Constitución, es decir, la Carta Magna que regiría al país desde su declaración oficial es un peligro inminente, más cuando no es elegida unánimemente por la vía del sufragio. Es tan peligrosa como la misma pérdida de los derechos que eso significase, el fin de la propiedad privada como se le conoce hasta ahora; junto a derechos inequitativos que solo favorecerían a ciertos gremios, asociaciones, agrupaciones y hasta individuos.
¿Una Constitución feminista?, ¿Una Constitución que promueve la paridad de género? ¿Una Constitución que otorga derechos a una minoría por encima a las mayorías? Por supuesto que es sectaria y excluyente, en vez de ser abierta e incluyente. Eso fue lo que se propuso en Chile y que menos mal, la sensatez de los todavía ciudadanos coherentes lograron enviarla por donde vino.
Las “nuevas realidades” ¿Qué son? Que las “feministas” que acusan a los hombres y a la “sociedad patriarcal” de todos sus males, pero a la hora de pagar la cuenta (en todos los sentidos) cruzan la cara; entonces, ¿Sean las rectoras de la ley? O, que, las personas que “no tienen género” sean los rectores del porvenir de nuestros hijos.
Además, ¿Por qué los grupos indígenas deben tener unos derechos por encima a los de los demás ciudadanos? Siendo que, hay casos en los que estos grupos están promoviendo, patrocinando y ejecutando actividades de todo tipo menos legales. Tenemos casos de extorsión y secuestro por parte de comunidades indígenas, que osan de ser agentes independientes y con realidades paralelas ante la ley.
Que los colombianos aprendamos de los chilenos y no permitamos que nos entreguen una Constitución que va en contra de nuestros principios y valores, así como de nuestra democracia.
@rosenthaaldavid