José Santrich, alias de Seusis Pausias Hernández Solarte, se ha convertido en el fósforo con que el nuevo partido de la Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cada tanto calienta el debate público sobre la participación de los ex guerrilleros en las polémicas normales de la actividad política nacional.

La más reciente, pero no la última discusión, ha corrido por cuenta del anuncio público que hizo el señor Hernández de promover acciones de tutela contra varios ciudadanos que públicamente le han llamado “asesino” pues, reclama, que no ha sido condenado y que, al revés, se trata de una persona amnistiada.

Una de las supuestas destinatarias de la acción constitucional que el señor Hernández formularía en protección de su buen nombre, es la polémica periodista de su mismo apellido Hernández, Salud. Todo un duelo de titanes, porque uno y otra tienen lengua que dispara en ráfaga.

Está bien que la Farc y sus integrantes vayan sintiendo los rigores de la civilidad. E igualmente está bien, como plena prueba de su reinserción a la vida en sociedad que usen o amenacen con hacerlo, los mecanismos constitucionales y legales de defensa de sus derechos. Que personas que antes silenciaron a muchos de sus contradictores a bala, se limiten ahora a la presentación de una demanda o de una acción constitucional, es la mejor evidencia de que el proceso de paz funciona.

Ahí van aprendiendo la dureza de vivir fuera de la selva. La supervivencia física y política es mucho más riesgosa en las ciudades que en las montañas de Colombia. Defenderse de las informaciones que estiman injustas o mentirosas en su contra. O de la simple mala intención que una periodista esconde en el titular de una nota, en la presentación de una noticia o en el sesgo de una pregunta, no es tarea fácil, pero hay instrumentos y acciones legales para intentarlo.

También hace parte del aprendizaje de los antes intocables y no criticables jefes de las antiguas Farc saber que en el juego democrático no pueden “delicarse” por cualquier crítica o por cada palabra o frase que les digan para descalificarlos e incluso para ofenderlos.

Pueden irse enterando que en su condición de figuras públicas y de dirigentes políticos la democracia les impone la obligación de tener un umbral más alto de tolerancia a la crítica que el del resto de ciudadanos. Y un listón más bajo de cobertura de su derecho a la privacidad. No pueden andar armando procesos judiciales por cada término ofensivo que les digan o por cada dato que les publiquen de sus vidas aparentemente privadas.

50 años de lucha guerrillera, de conflicto, de guerra, o de cómo quieran llamar a este periodo de su existencia, dejan muchas consecuencias y muchos dramas de lado y lado que no se borran de la noche a la mañana del imaginario popular. Hay gente dispuesta a pasar la página. Pero también hay mucha dispuesta a no olvidar, ni a perdonar. Y ese es su derecho.

Con eso vamos a tener que vivir unos y otros. Incluso los que preferían las convivir.

@Quinternatte