Urgente publicar el libro negro
La diplomacia colombiana parece condenada a vivir a rastras de los acontecimientos, a la defensiva, obrando por reacción, en el campo escogido por los adversarios, en las condiciones impuestas por ellos y acosada por hechos que nos obligan a correr contra reloj, sorprendiéndonos cada mañana porque los demás hacen exactamente lo que sabemos que van a hacer. Nos sucedió, para no ir más lejos, con ese impresionante despliegue de ineptitud que antecedió a la separación de nuestro antiguo Departamento de Panamá. Más de un siglo después, aún no sabemos si caímos en esa sucesión de errores por ingenuos o por torpes. Y nos puede ocurrir ahora, si nos limitamos a quejarnos de la absurda sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué estamos haciendo fuera de lamentarnos y repetir las muy doctas exposiciones de nuestros juristas, sobre la falta de fundamentos jurídicos y las incongruencias del fallo? La amplia discusión pública sobre el tema es encomiable, aunque llegó con varios años de retraso. El país no se concienció oportunamente sobre la gravedad de la amenaza que venía. Y ahora ya están configurándose situaciones imposibles de cambiar, que nos dan una dura lección sobre los costos de descuidar el frente externo. Por lo pronto, hay que hacer algo en relación con la sentencia que, a pesar de ser un esperpento jurídico, termina consolidándose políticamente mientras seguimos dándole vueltas a lo que debió estar más que estudiado desde hace cien años, repasado a diario desde 1928 y analizado con todas sus ramificaciones desde cuando fue evidente que Nicaragua preparaba la demanda.
Está muy bien la preocupación por el futuro del Archipiélago de San Andrés y la suerte de sus habitantes. Pesca, educación, salud, empleo, biodiversidad encabezan la lista de prioridades. Los planes para aminorar el golpe merecen el respaldo incondicional el país. ¿Y el resto? ¿Dócil resignación? Suponemos que, desde la misma fecha de la sentencia, se adelanta una intensa labor diplomática ante los gobiernos de todos los continentes, para exponer las azarosas consecuencias del fallo sobre el derecho internacional y la convivencia pacífica entre los Estados. Porque las decisiones de La Haya no son frases sueltas, aplicables solo a Colombia. La Corte sienta precedentes riesgosos, que deben analizarse a fondo por la comunidad mundial. En Centroamérica, esa labor tendrá que ser más amplia, especialmente en los países afectados por los impactos colaterales de la decisión. Los colombianos se sentirían más tranquilos si su Gobierno les confirmara que sí adelanta esa tarea, cómo la cumple y cuáles son sus resultados. En el interior, es necesario explicar con detalle lo sucedido, para que la opinión se informe completa y verazmente, aprenda la lección y se prepare para un futuro donde la política internacional sea parte importante de la política doméstica. Por lo pronto, deberíamos distribuir por todo el mundo, uno de esos “libros blancos” que las cancillerías elaboran sobre temas de interés nacional con repercusión en sus relaciones exteriores. Es urgente publicar la historia completa de los derechos colombianos, desde cuando Cristóbal Colón rodeó el Cabo Gracias a Dios y el Rey de España estableció las gobernaciones de Urabá y Veragua en 1508, hasta nuestros días. Solo que, en este caso, no será un “libro blanco” sino el relato de un despojo. El bien documentado libro negro de un despojo…