“Hay que pensar antes de votar”
BITÁCORA DE LA COTIDIANIDAD
La mitad + uno
En el siglo pasado propuse la elección popular de los personeros municipales, iniciativa llevada al Primer Foro Nacional de Personeros y que generó severas críticas, entre otras razones porque se aducía que este funcionario debe ejercer una función “legítima” y difícilmente esa calidad se puede obtener a través de un proceso “electorero”, adujeron los editorialistas. Pasado el tiempo, a los dos años, el presidente Betancur cambió la propuesta y logró establecer la elección popular de alcaldes.
Desde esa fecha (1986) mucha agua ha pasado por debajo de los puentes y todavía no se consolida ese proceso político que le ha permitido a los gobernados aproximarse a su gobernante. La causa del desacierto es sencilla. Ese cambio en la estructura constitucional de los municipios ha patrocinado la proliferación de movimientos electorales y, obviamente, la división de las fuerzas políticas. En resumen, a causa de la megalomanía propia de los gamonales, pululan los candidatos y los elegidos nunca suman la mitad + uno del potencial electoral. Muchos logran mínimos porcentajes y por ello la oposición aparece, lógicamente, incluso antes de su posesión. Son resistencias viscerales.
Si se analiza el proceso electoral en la capital de la República, los últimos cinco alcaldes han llegado a la administración con un mínimo de votos inferior al 40% del potencial electoral; esta circunstancia, por supuesto, ha patrocinado una oposición persistente y, con mayor razón, si se advierte que todos los que por ese puesto pasan guardan la ilusión de llegar a la Presidencia de la Republica, aspiración que despierta la reacción de sus futuros contrincantes. ¿Cuál sería la fórmula que podría solucionar esa falencia en el poder o, en otros términos, falta de legitimidad?
Hay quienes proponen que esa elección debería someterse a una segunda vuelta, en el caso de que ninguno de los candidatos alcance a sumar la mitad + uno de los sufragios emitidos. Esta solución obligaría a las coaliciones y acuerdos que favorecerían la tranquilidad administrativa y el fortalecimiento del mandato, al tiempo que respaldaría la participación de otros grupos.
Ahora, en cuanto a esa voracidad de los candidatos, en el caso de Bogotá, de acceder a la alcaldía como plataforma de lanzamiento a una posible candidatura presidencial, una inhabilitad prudente, por ejemplo, de ocho años, haría posible una gestión más serena y menos controvertida por los contrincantes. En ese orden, seguramente que los procesos disciplinarios, promovidos generalmente no en busca de la sanción sino del impedimento que inhabilita, se tramitarían sin tanto fervor apasionado y la justicia en ese campo sería más imparcial y menos política.
Entre tanto y para prevenir estas perturbaciones, los electores deben entender que cuando votan lo hacen en busca de su beneficio y no del candidato, un beneficio general y no personal y por esa razón para decidir lo primero que deben analizar es la trayectoria del aspirante, su historia y sus calidades personales. ¡Hay que pensar antes de votar!