Recompensa y corrupción
Juan Manuel ofrece una recompensa jugosa a quien dé información acerca de los autores del miserable asesinato de dos miembros de la fuerza pública, ejecutados vilmente por integrantes de un grupo de la insurgencia activa en la guerra que azota al país.
El crimen, por supuesto, tiene muchas aristas de análisis y censura y, en ultimas, la más concreta es que toda violencia es repudiable viniere de donde viniere, pues el fin no justifica los medios y mucho menos cuando se compromete el respeto a la vida humana. ¡No obstante, hay quienes justifican la guerra reclamando justicia!
Coincide la recompensa ofrecida por Juan Manuel con la simonía que a gritos denuncia la opinión pública ocurrió durante el pasado debate electoral. Muchos de los escogidos por los electores compraron el voto; ese comercio es vox populi y entre la opinión del público no existe reproche a esa conducta. Esa connivencia es el producto del negocio que patrocina la sociedad de consumo: se compra el voto y se vende el testimonio
Debatir la moralidad de esos procederes exige una enjundiosa jornada, la discusión requiere asumir posiciones éticas antes que morales, pues no se olvide que la real politik no es moral.
Explicar este fenómeno social demanda extenso discurso y para resumirlo basta con refrescar la memoria: en marzo de 2008 el guerrillero Pedro Pablo Montoya, alias “Rojas”, asesino a su correligionario Iván Ríos, por cuya cabeza se ofrecían, como en el Viejo Oeste, cuantiosas recompensas. Para probar la ejecución le cercenó una mano a la víctima. Todos recuerdan el episodio.
El ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel, “tomó la decisión de entregar el dinero, independientemente de la situación jurídica de Montoya”; muchos consideraron una falta de ética patrocinar esas conductas, no obstante la revista Cambio informó que el asesinato había sido arreglado con el Ejército, que exigía para pagar la recompensa pruebas evidentes del crimen, la prueba reina fue la mano.
La recompensa ofrecida se pagó y el autor del crimen fue procesado por varios delitos que se le imputaban. Estando preso y no condenado intentó inscribir su nombre como candidato al Senado de la Republica: “pues a el -alegó- nadie lo puede cuestionar, ni el presidente Uribe, ni la Iglesia, ni los políticos, ni los partidos de izquierda, ni los medios de comunicación” (6.11-2010).
Desde esta columna, en esa coyuntura, se expresó: “Recompensar a los criminales, a quienes se toman la justicia por mano propia, no es un proceder ejemplar ni ético”. (10-3-08) Denunciar los delitos de los cuales se tiene conocimiento es un deber constitucional que no se puede remunerar; comprar y vender el sufragio no puede ser negocio en una sociedad ética y democrática, pero cuando se educa con el mal ejemplo todo es posible y con mayor razón si las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, en su aberrante pragmatismo, creen que el fin justifica los medios.