FERNANDO NAVAS TALERO | El Nuevo Siglo
Miércoles, 4 de Septiembre de 2013

El peote de Petro

 

El burgomaestre capitalino se salió con la suya, pues  no obstante todas las objeciones y advertencias que se hicieron acerca de la inconveniencia del Plan de Ordenamiento Territorial (peote) presentado, por su iniciativa,  a consideración del cabildo,  lo impuso. De todas formas él ya había tomado la decisión y, como siempre, hizo su voluntad, a pesar de que el Concejo Distrital negó la iniciativa, dentro del trámite reglamentario.

Indudablemente que la facultad legal que se atribuye  el Alcalde para imponer por decreto su arbitraria decisión no es precisamente clara, todo lo contrario. El tema es espinoso y se ha debatido desde la reforma constitucional de 1968, propuesta e impulsada por el presidente Lleras Restrepo, caracterizado por su temperamento autoritario. Con esa enmienda patrocino él unas competencias excepcionales al ejecutivo, para imponer normas, cuando el Congreso no obedecía sus políticas. Según esa reglamentación  legislativa, cuando un proyecto de este tipo presentado por el Gobierno no se tramita, oportunamente por la corporación, el Presidente, el Gobernador o el Alcalde, pueden ponerlo en vigencia por decreto.

Con respecto a las administraciones municipales, la norma  reza así: Artículo 12. “Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a los Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde. Si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde”. (Ley 810 de 2003).

Ahora, estudiado el hecho político, no se necesita mayor análisis para advertir que la situación prevista en la norma  no tuvo lugar. Presentado el proyecto a consideración del Concejo de Bogotá, la Comisión del Plan, en reunión reglamentaria del 7 de junio negó la viabilidad del proyecto, decisión más que suficiente para suponerlo enterrado y, en consecuencia, agotada toda posibilidad para el Alcalde de ponerlo en vigencia por decreto. ¿Por qué lo hizo, entonces?

Lo hizo porque se le dio la gana. Porque así son los “revolucionarios”. Nada más peligroso que un insurgente en el poder. Podría pensarse que les ocurre lo mismo que a los porteros. Cuando adquieren el poder no hacen otra cosa que satisfacer sus resentimientos, darle rienda suelta a todas las frustraciones acumuladas en su inconsciente.

El estudio de la personalidad de los revolucionarios permite concluir que su carácter  se malforma cuando los motivos de su causa no son otros que el producto de su amargura infantil y adolescente; los cambios no se reclaman como razón de justicia, sino como expresión de venganza. Son por ello voluntariosos y autoritarios.

Independientemente de las bondades que pueda contener el peote de Petro, el fin no justifica los medios y lo propio es admitir que la decisión de la representación popular, sentada en el cabildo,  debe  respetarse. Pero claro, que iluso resulta esperar que en una tradición despótica, como la que se impone en la administración capitalina, se crea en la democracia; es paranoia, o si no que lo diga Mockus.