¿Quién miente en México?

“Frente a una injusticia no se dice estoy emocionado, sino estoy indignado”.

Carranca y Rivas

El  diario Reforma, de México, entre otros medios, informó el 22 de julio pasado: “Huixquilucan. Tres personas de origen colombiano fueron detenidas este domingo -21- poco después de haber robado una casa en la zona residencial del Municipio”. La nota la firma la periodista Brenda Frederichsen. En el mismo sentido escribió Noel Alvarado  en La Prensa,  del Distrito Federal.

Los colombianos, autores de ilícito contra la propiedad,   fueron arrestados; uno conducido de urgencias al hospital “Adolfo López Mateos”,  a consecuencia de lesiones sufridas durante la huida; los otros dos permanecieron  desaparecidos  treinta horas en manos de sus captores, tiempo durante el cual fueron sometidos a torturas,  reseñadas como lesiones físicas en los informes médicos que obran en el expediente;  y confesiones incriminatorias obtenidas con la   complicidad de su apoderado de oficio, licenciado Mariano Lozano Cedillo.

La esposa de uno de ellos, sin conexión  con el ilícito,  fue asaltada en su casa de habitación por agentes federales, despojada de sus pertenencias, obligada a firmar declaración acusatoria contra su esposo y  a abandonar el territorio de la Republica bajo amenaza de arresto en caso de desobediencia. Esto consta en providencia dictada por el Juez de amparo del Estado de México, Ranulfo Castillo Mendoza.

No obstante las evidencias, los implicados  son procesados falsamente por  porte ilegal de armas militares, tráfico de marihuana y cocaína, hechos ocurridos, según el parte oficial,  el 22 de julio, mas no por el hurto del día 21, fecha de su arresto. ¡Ciencia ficción!

Para justificar el maltrato policivo y  judicial, que no tiene otro sentido que implicar a los sindicados en conductas cuya represión podría ameritarles penas hasta de treinta años, se ha falseado la verdad en complicidad colectiva, a tal punto que el director del hospital, doctor José Rogel Romero,  se negó a certificar la permanencia del herido en ese centro, con la finalidad de ocultar que su ingreso fue el día 21 julio.

Dos periodistas asistieron a una audiencia pública el 29 de julio,  en el Juzgado 13 del Distrito del Estado de México, para testimoniar la noticia por ellos publicada y efectivamente así lo hicieron; no obstante esa evidencia,  indubitable, pues aparece la publicación del 22 acerca del hecho ocurrido el 21,  el juez de la causa se niega a aceptarla, aduciendo que las tales notas periodísticas no “son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan”.

Resulta insólito e indígnate que,  en el afán de castigar y discriminar a los colombianos involucrados en el asunto,  se atropelle la verdad al colmo de poner en duda la veracidad de una fuente informativa de forma tan grosera, se violen los derechos al debido proceso, se torture a los acusados  y falsee la verdad;  todo en contubernio inconcebible de las autoridades de un supuesto  estado de Derecho.