¿Colombia indignada?
“Pegunta teórica, buscando explicación a esa apatía”
NUNCA… los súbditos por Ley de la Naturaleza deben obediencia al gobierno y cualquier manifestación de inconformidad es subversión. Fieles las autoridades y sus socios a las doctrinas de Hobbes juzgan las opiniones que repugnan al orden como contrarias a la paz y en consecuencia que deben ser reprimidas para prevenir la discordia y la guerra civil.
A raíz de las protestas externadas por la sociedad civil en algunas latitudes, especialmente en España, con el movimiento de los indignados -15 M-, algunos analistas colombianos se preguntan por qué razón este tipo de movimientos no prosperan en el escenario nacional. Al contrario de lo que sucede con los estudiantes chilenos y sus reclamos o las revueltas en Siria y otros ejemplos similares en otros pueblos.
El cuestionamiento no se hace porque se eche de menos esta forma de participación, no. La pregunta es teórica, se formula buscando una explicación a esa apatía, desinterés e indiferencia crónica de los ciudadanos que toleró desmanes como los de Uribe.La protesta es una expresión histórica, producto de la opinión del público.
Muchos ejemplos se citan al respecto, así La Peregrinación de Gracia en York, Inglaterra 1536, protesta civil que se organizó para censurar los dogmas religiosos de Enrique VIII y que terminó con una masacre colectiva; igual, en el panorama nacional hay que recordar el movimiento comunero gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en 1781, traicionado por el arzobispo Caballero y Góngora que se burló de las Capitulaciones de Zipaquirá y dio pie para que asesinaran a sus líderes y se desatara implacable persecución contra los campesinos e indígenas que lo apoyaron.
La apatía de los colombianos tiene explicación en ese tipo de antecedente y otros del mismo estilo, pero además porque la intelectualidad colombiana, uno de los soportes de la movilización de la sociedad civil, ha sido tradicionalmente gobiernista al igual que la prensa y particularmente a partir del Frente Nacional.
La oposición se considera subversiva y las manifestaciones públicas, después de las jornadas de mayo de 1957, no constituyen un derecho político fundamental sino un acto perturbatorio de la paz y el orden públicos. A tal grado se incrustó esa premisa en la conciencia colectiva que con normas de estado de sitio en el siglo pasado se reprimió toda forma de expresión de inconformismo.
A la población se le intimidó y los intelectuales defensores del sistema, oficialistas por principio, aplaudieron las medidas de policía que reprimían el derecho de expresión. Doctrinas como la “mokusiana” denigraron de la política y marginaron a la juventud que prefiere el hedonismo radical, participar de los conciertos de rock o dedicar su tiempo libre a consumir alcohol y gozar de otros placeres, antes que promover el cambio social y político. Por actitudes como esa es que el Gobierno puede subir el precio de la gasolina y que nadie se atreva a chistar ni mu.