OPINIÓN ORBITAL

Fuera de sintonía

LA Comisión de Regulación de las Comunicaciones, CRC, ha realizado varios estudios de  los mercados audiovisuales, léase sobre televisión, y finalmente, acaba de proponer una regulación al respecto, que termina buscando la calentura en las sábanas y no ataca el problema de fondo de la televisión. En contra de toda evidencia y con un análisis sesgado propone una detallada regulación de cómo deben negociar la retransmisión de su señal los canales abiertos con los operadores de televisión por cable y satélite, asunto que corresponde a una negociación entre privados. Mientras, deja de lado los verdaderos problemas del sector que afectan esos sí al usuario.

El primero de ellos, quizá el más grave es la actual inexistencia de antenas en los hogares las cuales desaparecieron, poco a poco, a medida que avanzaba el servicio de televisión paga, con lo cual se terminó eliminando la posibilidad de que los usuarios puedan acceder cuando quieran a la señal abierta, que por demás es gratuita, y para ello terminen atados siempre a tener que pagar servicios de televisión cerrada, en contra de los derechos fundamentales a la información que, en materia de televisión, se materializan en el servicio básico universal y gratuito de la televisión abierta accesible a través de antenas. Contrariando la ley 680 de 2001 que ordena a los operadores de televisión paga a asegurar, en cualquier caso, la disponibilidad de acceso a las antenas para mantener este derecho. Pero las antenas desaparecieron, lo cual terminó favoreciendo a los operadores de televisión paga, sin que ninguna autoridad se pellizcara, hasta que en el año 2014, por solicitud nuestra, la ANTV realizó un estudio que demostró lo que era obvio, que  solo el uno por ciento de hogares que tienen servicios de televisión por cable y satelital tienen aún disponible su antena.

La CRC antes que proponer regular para que se cumpla la ley 680, pretende más bien solucionar el problema con la negociación de la retransmisión de señales, que en cualquier caso deja al usuario siempre atado a tener que pagar a los operadores de cable y satélite para poder ver lo que la ley ha previsto que sea gratuito, avalando la vulneración del derecho fundamental de los usuarios al acceso a la información. Adicional a lo anterior, la misma CRC suspendió su propio reglamento técnico que obligaba en las nuevas edificaciones a asegurar la existencia de antenas, con lo cual borró con el codo lo poco que había avanzado en proteger a los usuarios y ahora además rompe la hoja en la que había empezado a escribir.

Como si esto fuera poco, en sus análisis pasa por alto la concentración que existe en los mercados de acceso fijo, donde el empaquetamiento de servicios genera aún más poder dominante a los operadores de estos servicios, y donde se obliga al usuario a comprar paquetes con canales que no le interesan para poder ver los pocos que desea adquirir realmente. Una verdadera regulación que atienda a la defensa del usuario debe apuntar a establecer la venta de televisión paga con canales a la carta, esto es, a que se venda cada canal separadamente de los demás para que el usuario sólo adquiera lo que le interesa y no se le sigan embutiendo paquetes de relleno con el consecuente costo. Esto no es nada distinto a unas ventas atadas que no son para nada acordes con los derechos que se le deben respetar a cualquier usuario