La Ley de los Caballos
Existe una curiosa ley de 1913 que dio origen al impuesto municipal sobre el alumbrado, el consumo de licor y tabaco, entre otros. Tiene curiosidades de la época como la posibilidad de imponer gravámenes a la venta de arena y cascajo, al carbón mineral al uso de carruajes de toda clase, a los tranvías y al uso de máquinas de vapor.
Esa ley también habla del impuesto a la telefonía urbana, denominación de la cual se ha agarrado a final del año pasado el municipio de Cali para gravar todo tipo de comunicaciones de voz, y que de no resolverse y aclararse se puede convertir en una cascada de impuestos por todo el territorio nacional que terminará perjudicando a todos los ciudadanos de a pie.
Lo de los caballos, si acaso en Bogotá tendrá alguna aplicación para las zorras que Petro aún no ha sido capaz de sacar de las vías, pero lo de los teléfonos urbanos, es un exabrupto considerar que lo que se definió como teléfono hace un siglo aún hoy aplique. En efecto, hace 100 años los teléfonos eran solo urbanos, fijos, y además pocos y suntuarios, ya que no existía la larga distancia, había cerca de veinte líneas en la ciudad, y precisamente por causa de dicho impuesto nadie se atrevía a comprar líneas y con ello poder ampliar las redes.
En una sesuda sentencia, el Consejo de Estado hace ya diez años indicó que el denominado impuesto a la telefonía urbana que preveía esta ley era una categoría que ya no podría ser aplicada y por lo tanto había decaído por obsoleta, pues reconociendo los avances de la tecnología, sería un desaguisado pretender que lo que era un teléfono urbano hace un siglo, pudiera extenderse a lo que es hoy la telefonía, pues los impuestos deben ser establecidos sobre categorías muy precisas de actividades.
Así, las acrobacias del municipio de Cali, de transformar el teléfono fijo de hace una centuria, en todo tipo de comunicaciones de voz fijas o móviles, que se contraten o suscriban en la ciudad, y que además permiten todo tipo de comunicaciones en nivel mundial, no solo es un gran malabarismo sino una rampante ilegalidad y abuso de poder sobre los inermes ciudadanos. Cartas debería tomar el alto gobierno a través del Ministerio de las TIC para demandar este tipo de normas y evitar la cascada de impuestos, estampillas y similares tributos que, de cuando en cuando, se les ocurre a concejos y alcaldes para financiar sus huecos fiscales, a costa de gravar servicios que hoy son tan esenciales como las telecomunicaciones y donde el Gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para eliminar aranceles, IVA y otras arandelas para poder masificarlos. A ese paso, y gracias a alcaldes y concejos con mentalidad de hace un siglo, mañana pondrán impuestos por usar Internet donde hoy los jóvenes hablan más que por teléfono, y ahí sí corremos el riesgo de que la gente prefiera no usarlos y volver a la época de los carruajes y caballos.