Un debate antimonopolio
La Comisión Sexta del Senado ha venido debatiendo un proyecto de ley, encaminado a garantizar la libre y leal competencia en los mercados móviles, en un intento por meter en cintura el monopolio que tiende a consolidarse en beneficio de un solo operador, con evidente posición dominante.
Tuvimos la oportunidad de llevar la vocería de los que hoy comienzan a conocerse como "usuarios digitales”, por cuenta del dramático y profundo cambio producido por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y recomendamos que es en este gran escenario el que ellas deben ser consideradas en forma integral y global, porque no se trata de un sector de la economía sino de lo que se ha comenzado a llamar "la nueva economía". En otras palabras, que no se trata de un simple "nicho" sino abarca toda la sociedad en su conjunto, con sus nuevos comportamientos y sus maneras de relacionarse y comunicarse. Es allí donde las TIC deben ser estimadas como eje fundamental y transversal de todo desarrollo.
Volvimos a lamentar que el actual Gobierno haya desperdiciado la oportunidad de digitalizar el Plan Nacional de Desarrollo, en sus alcances y objetivos, máxime teniendo un programa de la envergadura de "Colombia Digital". Aconsejamos a los parlamentarios ser realistas y entender que el desarrollo exponencial de las tecnologías puede desbordar las mejores intenciones legislativas por su propia dinámica, que vive mutando permanentemente. Y por estar sujeto este desarrollo a economías de escala, cualquier intento puede terminar siendo inocuo.
Advertimos que el único y verdadero límite a los abusos del monopolio lo traza el usuario, respaldado por un regulador, fortalecido y con capacidad de determinar los remedios adecuados a cada caso. "La fortaleza del regulador es la fortaleza del usuario". Por eso, tomando experiencias internacionales, debe haber flexibilidad en la manera de abordar esta problemática. Estimamos que si bien hay una coyuntura, lo que hoy puede ser una solución a corto plazo puede terminar limitando el desarrollo a largo plazo.
Finalmente opinamos que se debe aprovechar el proyecto en discusión para otorgarle al regulador colombiano unos mandatos claros, con unas herramientas eficaces y eficientes. Dotar de "dientes" a sus decisiones y establecer la obligación de analizar y regular por solicitud de parte (usuarios) y como falta disciplinaria el no resolver en tiempo razonable sus quejas y reclamos.