Con el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que estaba “socializando” el Ministerio de Agricultura, un artilugio de 166 enrevesados artículos al mejor estilo del Acuerdo Final, el Gobierno mostró las orejas del conejo pero se asustó frente al rechazo y, rehuyendo el debate amplio que ameritaba el tema, lo convirtió en una nueva versión de 57 artículos que, a primera vista, luce muy “procedimental”. En escasos veinte días se redujo a ¡la tercera parte! del anterior, es decir, fue “tijereteado” para complacer, pero maquillado también -ya hay experiencia- para mantener los enemigos ocultos contra el derecho constitucional a la propiedad privada rural.

No hubo debate ni amplio ni nacional, ni el proyecto pasará por el Congreso. El Gobierno decidió, primero, irse por el camino corto de sus facultades extraordinarias para sacarlo como Decreto Ley; y segundo, limitar  la “socialización” a quienes aceptaran mantener a puerta cerrada sus desacuerdos y renunciaran al debate público. Por supuesto que Fedegán nunca fue invitado. Cuando me contactaron para participar sobre el tema en el programa de Julio Sánchez, él mismo confesó al aire que los gremios consultados manifestaron su desacuerdo, pero solo Fedegán aceptó expresarlo públicamente. Siempre es que intimida la capacidad de retaliación de un gobierno acorralado por sus compromisos con las Farc, con escaso 16% de favorabilidad y que, además, ya demostró con Fedegán de lo que es capaz para neutralizar a sus contradictores.

El nuevo proyecto evita la “incómoda” declaración de principios que, desde el primer párrafo, levantaba la bandera de la expropiación, para iniciar con un inesperado reconocimiento de los derechos a la propiedad privada, la libre competencia y la libre empresa, además de aceptar el fracaso de las leyes 135 de 1961 y 160 de 1994. Al mismo tiempo, sin embargo, destapa su relación con los compromisos del Acuerdo Final y también el afán de su implementación, con una meta anual de formalización de 700.000 hectáreas, a la que habrá que sumar 300.000 más, hasta completar tres millones del Fondo Gratuito de tierras, que tendrán que salir de la “Extinción de dominio sobre tierras incultas de que trata la Ley 160 de 1994”, discretamente incluido en el nuevo articulado, sin el protagonismo que tenían en el anterior los procedimientos y competencias de la ANT para establecer y castigar el inadecuado uso ambiental de la tierra, una zona gris para el atropello a la propiedad privada.

 ¿Qué pasó con los más de 100 artículos eliminados? Es evidente que el Gobierno decidió dorar la píldora y aplazar el debate que el país le debe al tema estigmatizado e ideologizado de la tierra, dentro de un contexto de equidad -¡claro!-, pero también de productividad, seguridad alimentaria para una población creciente y competitividad país; es decir, de realidad.

Ya el conejo mostró sus orejas. De cualquier manera, cualquier decisión final no es siquiera del Gobierno, que persiguió facultades extraordinarias pero se las castró al mismo tiempo, pues lo que puedan hacer los próximos tres para implementar lo acordado está en manos de la omnipotente Comisión de Seguimiento, compuesta por tres delegados del Gobierno y tres de las Farc, con el acompañamiento de los países garantes (¡Cuba y Noruega!) para dirimir diferencias; es decir, tres contra cinco.

Nota bene. Vergonzosa, por no decir miserable, la actuación del Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, de resucitar con venenosa oportunidad un refrito archivado de presuntas violaciones a la Ley 160 de 1994, con una lista encabezada por el expresidente Uribe. Torpe intención de polarizar el debate.

@jflafaurie