Frases como “no lo digas ni en sueños” o “mejor, dilo tú” detonan riesgo y dificultad. Y este es el caso que le puede corresponder a la Comisión de estudio de beneficios tributarios, constituida por decreto, cuyos miembros han sido recientemente escogidos. Entre ellos, la conformarán cinco expertos internacionales, cuya misión será, entre comillas, establecer la conveniencia de una reforma orientada a mantener los beneficios tributarios que sean eficientes y permitan la reactivación de la economía.

Aquí el verbo mantener de alguna manera connota excluir, o sea la necesidad de quitar “por conveniencia” varias de las exenciones tributarias, que son evidentemente un rubro de importante magnitud.

La Comisión es ciertamente una experta. David Rosenbloom, uno de sus miembros, por ejemplo, es abogado de la Universidad de Harvard, Magna Cum Laude, decano del programa de tributación internacional de New York University (NYU). Durante cincuenta años ha realizado asesorías de tributación internacional y política fiscal a varios países y organizaciones internacionales y tiene más de cien publicaciones sobre temas fiscales internacionales y comparados.

Rosenbloom será quien se encargue del grupo que analizará el Impuesto de renta para las empresas. En entrevista a EL NUEVO SIGLO, menciona que los especialistas, como él, suelen ser escépticos de los incentivos que convierten el pago de impuestos en un sistema complejo, lleno de excepciones, que muchas veces lleva a la evasión o elusión por lo cual es preferible un sistema más simple y si estos beneficios se reducen generan un ahorro que puede permitir bajar otros impuestos. Vaya si es un laberinto nuestro Estatuto Tributario.

Las exenciones tributarias suman 92 billones de pesos al año, una cifra cercana a siete veces la primera línea del Metro para Bogotá.  El gran monto, en algo más del ochenta por ciento, viene de las exclusiones del Impuesto a las Ventas –IVA- y el diez y ocho por ciento del impuesto de renta. Por servicios se incluyen principalmente la educación, salud, financieros, transporte y agricultura.

La encrucijada fiscal es seria para Colombia. En medio de la pandemia, que presionó compromisos de deuda para atender los gastos sociales, el Presidente bien dice que no es el momento de subir los impuestos. No obstante, le antecede la sugerencia de la OCDE, de finales del año anterior, de revisar el modelo tributario. El mismo Comité de Regla Fiscal, a pesar de su flexibilidad en la emergencia, dice que es posible que se requiera “de un esfuerzo mayor de la sociedad en términos de generación de ingresos tributarios”.

La misma encrucijada tributaria tendrá que venir con medidas complementarias. Muy difícil resulta decirle a los ciudadanos y empresas, que en medio de la crisis económica tendrán menores beneficios, cuando ven un gran sector público que deben mantener, lleno de duplicidad de entidades y funciones.

El esfuerzo del Gobierno debería notarse en una reingeniería a la estructura del Estado, incluso también con expertos y voceros que asuman el “dilo tú” y sean capaces de reducir burocracia.

Igualmente, la empresa no puede asfixiarse por la carga tributaria pero tampoco por la magnitud de trámites, operaciones y desventajas comparativas que son a su vez producto y justificación de la misma burocracia. Esfuerzos se han hecho, pero ahora se volvieron urgentes.   

*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

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