Sería importante que el Gobierno liderara un juicio de responsabilidades respecto de la mala calidad de obras públicas que han sido entregadas y puestas en servicio y que, al poco tiempo, ya presentan problemas que no son menores, como los puentes que se derrumban o las carreteras que quedan bloqueadas y algunas por un largo tiempo, por falta de haber previsto o realizado las barreras adecuadas y correspondientes que hoy tiene a la zona de la Orinoquia, que une a varios departamentos, aislada o los derrumbes en el departamento del Huila o el del Caquetá o de Antioquia para no mencionar varios otros.
Es que los colombianos no podemos seguir tranquilamente viendo cómo los recursos que se han pagado por estas obras y las elevadas sumas que tendremos que pagar en el próximo futuro de nuestros impuestos vayan a bolsillos de quienes son responsables de todos los errores cometidos.
¿Cuánto cuesta no más el movimiento y levantamiento de tierra que se tendrá que realizar? Hasta dónde llegó la emoción o satisfacción que teníamos en el país por cuenta de ver qué se estaban por fin construyendo vías que hicieran una realidad el acercamiento de las regiones y la posibilidad de sacar a los mercados de consumo los productos producidos por cada una de ellas?
Tanto el actual Gobierno como la Contraloría General de la República y en aquellos casos de delitos cometidos la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial del Estado deberían ponerle atención y acción especial tanto a las investigaciones como a las sanciones establecidas o por establecer para quienes no cumplen en debida forma con sus compromisos en los contratos públicos.
Estamos acostumbrados a que una nube tapa la otra y así se nos van olvidando los ya innumerables casos de mala ejecución de los contratos como de corrupción en otros, que no podemos dejar pasar los colombianos.
Tampoco podemos permitir que la justicia deje morir los casos por vencimiento de términos, en otros por estrategia de dilatación de los procesos y en otros al imponer insignificantes penas y veamos a los responsables de actos de corrupción andando como si nada hubiera pasado por las calles de las ciudades.
Los responsables de los delitos de corrupción cometidos por Odebrecht, por ejemplo, después de haberse llevado sumas escandalosas a sus bolsillos ya están por salir a disfrutar de los dineros mal habidos.
Si no rescatamos los valores de la ética y la moral perdidos será muy difícil que podamos tener un mejor futuro en nuestro país. Ya se está acercando la fecha donde hemos de elegir a los gobernantes locales y sus cuerpos colegiados. Tenemos que hacer un ejercicio ciudadano para no cometer el error de votar por quienes llegarán a robarse los dineros de las entidades públicas. ¡No lo podemos permitir!
Los medios de comunicación tienen en este aspecto como en muchos otros, la gran responsabilidad de advertir sobre los candidatos con antecedentes disciplinarios y también quienes han estado vinculados a investigaciones por corrupción; los ciudadanos debemos escoger a conciencia a los mejores para poder construir un mejor futuro para nuestras ciudades y regiones. 
Tampoco podemos dejar de votar, pues quien no vota no solamente está incurriendo en una falta de un deber ciudadano sino que no se puede exigir cuando no se participa en la escogencia de nuestros gobernantes.
Llegó la hora de elegir gente honesta y comprometida con el servicio público.