“Avances y cambios en administraciones regionales”

Los unos de enero de 2020 empezaron oficialmente sus periodos los mandatarios regionales que fueron elegidos en los pasados comicios electorales. Los nuevos mandatarios departamentales y municipales lograron sus cargos en unas elecciones que muchos analistas han calificado de históricas porque supuestamente marcan nuevas formas de participación ciudadana, más cercanas a la opinión independiente que a la de las maquinarias políticas tradicionales. Ejemplos como los de las Alcaldías de Bogotá, Manizales, Bucaramanga y Cali se citan como prueba de esa tesis a lo que suman la de Turbaco (Bolívar) donde fue elegido el primer desmovilizado de las Farc como Alcalde Municipal.

Independientemente de cuál sea la lectura política que cada uno haga de los resultados electorales, la evidencia muestra que en materia de administraciones regionales sí ha habido cambios palpables que demuestran un avance en el desarrollo de la democracia participativa e inclusiva que la Constitución garantiza.

Bogotá es evidentemente el caso más emblemático de ese avance democrático. La mayoría ciudadana de la capital de la República le ha entregado el segundo cargo de la Nación por primera vez a una mujer, por fuera de las castas políticas tradicionales, de clase media, educada, miembro de la comunidad LGTBI y recientemente casada con su pareja. El hecho es tan emblemático que hasta la bellísima y galardonada actriz estadounidense Sharon Stone le dedicó un trino en su cuenta de Twitter.

Ese es evidentemente un avance en democracia y, aunque no lo parezca, en materia de laicicidad, pues hasta no hace mucho, una candidatura como la de la ahora Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., habría sido un pretexto perfecto para los baculazos de la Iglesia Católica.

Simultáneamente en Manizales, una de las ciudades más cerreramente conservadoras y religiosas del país, ha sido designada una mujer trans como Secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la ciudad. Y en una de las regiones más cerreramente machistas del país, en la Costa Norte, se eligió como Edil de Santa Marta a otra mujer trans. Uno y otro, son ejemplos encomiables de avances democráticos en el país.

El caso de Manizales es probablemente más emblemático pues tan solo hace 45 años, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, la Iglesia católica a través del entonces obispo de Pereira Darío Castrillón ¡vetó! la designación que el gobierno hizo de la señora Dora Luz Campo de Botero como gobernadora de Risaralda, por el solo hecho de tratarse de una mujer divorciada que estaba casada por lo civil. Y solo 7 años después, en el gobierno de Belisario Betancur, el Obispo de Manizales, José de Jesús Pimiento, repitió el veto, por las mismas razones y con el supuesto respaldo de los católicos de Caldas contra Doña Beatriz Londoño de Castaño que fue nombrada gobernadora de Caldas.

Algo ha avanzado Caldas, la Jerarquía de la Iglesia Católica y la feligresía de ese departamento qué pasó de oponerse ferozmente a que una mujer divorciada los gobernara hace 38 años, a la aceptación tranquila de la designación de una mujer trans en una importante Secretaría Municipal.

Así, como en la figura civil del aluvión, las sociedades van avanzando lenta pero perceptiblemente.