¿Gobierno, sin ataduras?
Desde nuestra esquina de opinión hemos comenzado a apreciar gestos del Gobierno que apuntan hacia una mayor autonomía para tomar decisiones. Consecuencia de haberse aprobado la no reelección, indudablemente. Porque, sin el lastre de la reelección presidencial, grandes cacaos y perniciosos manzanillos, han dejado de tener la sartén por el mango. Queremos decir: que cuando el gobernante no está pendiente de apoyos a futuro para reelegirse, puede gobernar o diseñar políticas de Estado con mayor libertad.
Dentro de ese enfoque, sobresale el gesto de la reforma tributaria para que lo ricos paguen más. Eso de que el señor Sarmiento y su combo empresarial, se hayan “embejucado”, como decimos los pobres, es un buen síntoma. Porque ciertamente no puede continuar la tendencia de concederles más privilegios para consolidar un poder económico que no se ha puesto al servicio del bienestar de las mayorías nacionales. Llegó la hora de que contribuyan a superar la crisis, les ha dicho del presidente Santos, redimido ya de las ataduras de antes…
Y también nos pareció consecuente el presidente Santos cuando suspendió los diálogos de paz, ante el desafío institucional que constituyó el secuestro del general Rubén Darío Alzate. La objeción, en el sentido de que se había pactado no levantarse jamás de la mesa de negociaciones, así ocurrieran hechos atroces de guerra, no podía llegar hasta el extremo de cometer un acto dirigido a afectar la moral de los combatientes del Ejército legítimo, en busca acaso de provocar un golpe de Estado contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas quien, de haber tolerado dicho hecho desestabilizador, no merecería estar al frente de sus responsabilidades como jefe del Gobierno.
Por supuesto, que haber iniciado el proceso de paz con esa premisa antiética de que todo se valdría mientras se negociara la paz en La Habana, fue un error mayúsculo. Prueba al canto: el hecho inadmisible del secuestro -sin que importe el rango de las víctimas-, practicado por las Farc, está prohibido por el DIH, cuyas normas tienen carácter imperativo, las cuales no deben desconocerse ni en conflictos internacionales ni nacionales, como, sin embargo, se hizo en La Habana, “con el todo vale“. Y el secuestro de un General de la República puso en evidencia ese craso error.
Los propios comandantes guerrilleros han llegado a la conclusión, pese a sus protestas, de que hay que evitar que ocurran tal clase de hechos y han propuesto el cese bilateral del fuego, como solución, y corrientes amigas del Gobierno, han sugerido, a su vez, desde el Congreso, el desescalamiento del conflicto, como regla nueva; posturas que ojalá conduzcan al pacto necesario -ese sí legítimo-, de aplicar las reglas del DIH, mientras dure la guerra. No hacerlo, sería insensatez imperdonable.
Celebremos, de todas maneras, que el presidente Santos esté ejerciendo el gobierno con mayor autonomía.