Una carta que merece respuesta
Acabamos de leer la carta que la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, a nombre del partido conservador, envió al presidente Juan Manuel Santos. En dos de sus párrafos, la destacada política, dice:
“Veo con preocupación que ad portas del inicio de un nuevo ciclo de negociaciones con las Farc, aún no se haya hecho un pronunciamiento oficial del equipo negociador del Gobierno en La Habana, exigiendo condiciones humanitarias mínimas que se necesitan para continuar en el proceso y señalando que los beneficios de la negociación sólo cubrirían delitos anteriores, por cuanto ella (la negociación) no puede darle licencia a este grupo para cometer nuevos crímenes durante las negociaciones, en nombre del proceso de paz”.
“Establecer las condiciones humanitarias mínimas, debe ser una condición para continuar en la búsqueda de la terminación del conflicto y las debe exigir el Gobierno…”.
Habrá que decir que los planteamientos hechos por la exministra de Defensa y excandidata presidencial, así los haya formulado a nombre del partido conservador, no tienen esta patente partidista, pues la propuesta de humanizar nuestro conflicto mientras llega la paz, fue sugerida por el autor de esta columna de opinión en la Convención Liberal de Cartagena realizada en 1987, y abanderada -durante tres décadas- por dos expresidentes del liberalismo, los doctores Alfonso López Michelsen (q.e.p.d) y Ernesto Samper Pizano.
Pero no se trata de reclamar patentes de origen a estas horas de una iniciativa que fue producto del clamor de los pueblos contra los hechos de lesa humanidad y de guerra prohibidos entre combatientes y contra personas ajenas a los conflictos armados; clamor que fue acogido en la celebración de Convenios, primero en La Haya a finales del siglo XIX y luego en Ginebra a mediados del siglo XX y en Roma, en sus postrimerías.
Qué importante y oportuno ha sido, sin embargo, el planteamiento de la doctora Marta Lucía Ramírez al presidente Santos, cuando pide que haya un pronunciamiento oficial del Gobierno en la Mesa de negociaciones de La Habana sobre la necesidad de exigir a la guerrilla que asuma una conducta ajustada al DIH, obligación que, sin embargo, -es indispensable hacer la precisión-, también debe asumir nuestro Ejército; razón por la cual debemos hablar de un acuerdo entre las partes y no de una exigencia de una de las partes a la otra.
Tenemos la certeza moral en el sentido de considerar que el fracaso de los procesos de paz, en nuestro país, ha obedecido, fundamentalmente, a que todos se han iniciado sin establecer, como condición, el respeto al DIH durante las negociaciones.
¿Estaremos, entonces, al borde de un nuevo fracaso? Ojala el Presidente, en la carta de respuesta a la doctora Ramírez, despeje este interrogante, pero qué bueno sería que, para asegurar la continuidad del proceso de paz, el Gobierno lo replanteara dentro del marco humanitario que el buen juicio aconseja.
¿Acaso, no es ese, el clamor de la nación?