Anuncios en el proceso de paz
Es de celebrar, en primer lugar, la decisión del presidente Santos de continuar el proceso de paz, sin suspensiones o pausas. Ya habíamos manifestado en artículo anterior que una decisión contraria podría ser altamente perjudicial. Esa determinación era realmente necesaria en cuanto existían indicios de presiones para que el gobierno se levantara de la Mesa de negociaciones, aupadas por el lenguaje belicoso del ministro de Defensa en sus frecuentes declaraciones públicas.
Que haya habido acuerdos sobre el punto segundo de la agenda de paz, relacionado con la participación política de las Farc, llama al optimismo. Ese era el punto más delicado de las negociaciones, pues corrientes de opinión mayoritarias, según las encuestas, se han expresado en forma adversa a esa participación. Pensamos que más por falta de información sobre la conveniencia de que las fuerzas rebeldes se conviertan en oposición legal, que por otras causas.
Dentro del marco de nuestra Constitución, las Farc deberán cambiar su estatus actual por el de un partido político organizado para “participar en la vida democrática del país”, lo que supone una total sujeción a sus reglas institucionales, con proscripción absoluta del proselitismo armado, y, por parte del Estado, su obligación de otorgar plenas garantías para que ese nuevo partido pueda ejercer sus actividades políticas de manera plena, y jamás para correr la suerte que, por ejemplo, corrió la Unión Patriótica, en el pasado.
Tratamos hace algunos días en esta misma columna el tema de ilustrar a las masas, mediante una intensa y extensa pedagogía política, sobre los asuntos más espinosos del proceso de paz, entre los cuales, además del de la participación política, figura el de la aplicación de medidas de justicia transicional, en relación con quienes hayan delinquido dentro del conflicto. Ya el Fiscal General de la Nación ha hecho planteamientos profundos sobre tan importante asunto, enfrentado a los fundamentalistas que han hecho una interpretación extrema del Tratado de Roma y según la cual no podría pactarse la paz en Colombia, como si el ejercicio de soberanía de nuestro país -para lograr su paz interior-, no fuera un imperativo ético de sus legisladores y gobernantes..
A propósito de esa posición valiente del fiscal general, doctor Montealegre, su pensamiento no ha tenido la divulgación que merece, ya sea por los canales institucionales o por los medios más poderosos de comunicación (hablados y escritos). En estos últimos, por ejemplo, solo apareció una alusión de cinco líneas a la extraordinaria conferencia que dictara dicho funcionario en el Club de Ejecutivos hace menos de un mes, en un acto celebrado bajo el auspicio de la Corporación Escenarios que dirige el expresidente Ernesto Samper, en contraste con los espacios amplios que se le otorgan al ministro de Defensa, armado de una metralleta verbal que ya resulta intolerable, como si quisiera torpedear el proceso de paz en marcha. ¡Vaya extraña contradicción con el leguaje persuasivo del presidente Santos!