Sobre crisis en la justicia (I)
Aplaudimos la decisión del presidente Juan Manuel Santos Santos y de su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en retomar el proyecto de reforma a la administración de justicia, antes de que termine el actual gobierno, o dejarlo debidamente concertado para que se tramite en el próximo.
Al parecer, los últimos escándalos: la de once jueces venales capturados y la de un magistrado del Consejo de la Judicatura, enredado en graves acusaciones, rebosaron la copa, y, por lo que hemos percibido, existe un ambiente propicio para encarar tan grave problema.
El respeto a los jueces es uno de los grandes valores en una sociedad regida por el derecho y por la ética. En este sentido, Colombia ha tenido tradición ejemplar, interrumpida, sin embargo, en los últimos tiempos por desviaciones de poder de algunas de las altas cortes y de la conducta torcida de jueces que fallan bajo presiones externas o mediáticas.
Por otra parte, razón tiene el ministro Gómez Méndez para que en la reforma se le quite a la CSJ el poder nominador que los constituyentes de 1991 otorgaron, ante su evidente inconveniencia. Y ojalá que surja de los propios magistrados la iniciativa de acabar con esas facultades, acaso para reconciliarse con la opinión pública después de la mala imagen que quedó de ellos por su intervención en el fracasada reforma a la justicia, pues los jueces, sin excepción alguna, deben dedicarse a administrar justicia de tiempo completo, alejados de las tentaciones clientelistas que conllevan las funciones electorales…
En fin, como lo dijera el presidente Santos, al referirse al episodio penoso del magistrado en apuros del Consejo de la Judicatura: “Cuando el país pierde su confianza en la justicia, ese país está en problemas“. Pero esa pérdida de confianza, agregamos nosotros, se crea también cuando los jueces se apartan de la Constitución para administrar justicia y no por razonable interpretación sino con violación ostensible de sus normas. Y si esa violación proviene de su guardián supremo ¡apaga y vámonos!
Entre las propuestas para depurar la justicia y con ocasión del escándalo se ha sugerido suprimir el Consejo Superior de la judicatura. ¿Será esa la solución? Creemos que no es con la supresión de instituciones sino con el castigo ejemplar de quienes han actuado irregularmente dentro de ellas como se protege verdaderamente el orden jurídico y moral de la Nación. ¡Cero impunidad! Debe ser el gran propósito.
Lo mismo pensamos en relación con la idea de suprimir la Comisión de Acusación de la Cámara, cuyas funciones devienen de las que en nuestra tradición de control democrático se le ha conferido al pueblo, representado en esa célula legislativa. Por lo que no es cosa de poca monta plantear su supresión sin entrar en consideraciones de filosofía política profundas. Podría proponerse el fortalecimiento de su estructura funcional, pero no su supresión. Eso creemos…