Ecopetrol ha resuelto cerrar la planta de Bioenergy en Puerto López, en el Meta, lo cual conlleva un duro golpe tanto para el municipio, como para el departamento y la región, ya que implica el fin de 750 empleos directos ( 75% de la región), generando cada un 4 más indirectos.
Allí se tenían 20.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar, reforestadas 325 hectáreas en bosque nativo y se adelantaba la producción de combustible limpio. La planta con una capacidad de 500.000 litros diarios de etanol, una de las inversiones que además aportaban a la paz del país y se había convertido en el mayor proyecto agroindustrial de los Llanos Orientales. Por otra parte allí se produce una tercera parte del alcohol carburante que hoy se consume en Colombia. De allí radica la importancia de este proyecto y lo crucial que sería que el gobierno garantizara la continuidad de su operación.
Luego de tres años de operación, el cierre de esta destilería de etanol de caña de azúcar se dará a pesar de ser una de las más modernas del mundo, con la posibilidad de producir el 30% del alcohol carburante que se le adiciona a la gasolina consumida en el territorio nacional. Los inversionistas del campo recibirán un desalentador mensaje al presenciar el colapso del proyecto pionero de la agroindustria, al que le apostó el mismo Gobierno a través de Ecopetrol.
Se inició la construcción de la planta en abril de 2010. Entonces, se estimaba para su construcción una duración de dos años y un costo de 344 millones de dólares. Sin embargo, fue terminado cinco años después, en abril de 2017 y se contabilizó un valor de 850 millones de dólares. El proyecto fue financiado en su mayor parte con Bancolombia, quien ahora se convierte en su principal acreedor, adeudándosele unos 400 mil millones de pesos, principal tarea de su liquidador el Dr. Rubén Darío Lizarralde.
Seguramente ahora lo que sucederá es que la planta se venderá por partes a precios de remate, los cultivos de caña se destruirán con los consecuentes problemas fitosanitarios y miles de empleos directos e indirectos se perderán. Lo peor de esta tragedia empresarial será la pérdida de confianza e iniciativa de las personas del campo y de los inversionistas para emprender los proyectos de gran alcance agroindustrial que demanda el país, en aras de jalonar su productividad y competitividad.
Será un retroceso gigante que nos restringirá el anhelo de sembrar las 4.5 millones de sábanas fértiles, aptas para la agricultura, que seguirán desaprovechadas en la Altillanura.
La liquidación en la que está entrando Bioenergy sólo podría reversarse ante la aparición de una fórmula financiera que sea viable para la empresa y aceptada por los acreedores, lo cual es difícil mientras las proyecciones de los bancos se basen en la accidentada historia de la empresa. Por esa razón es fundamental la participación del Gobierno con una operación de rescate financiero a una de sus empresas. Entre otras opciones, quizás sería viable que el Gobierno adquiriera parcial o totalmente la deuda para capitalizarla posteriormente. Es su responsabilidad agotar todas las posibilidades financieras para salvar un activo nacional de la mayor importancia, en el que no solo se han hecho grandes inversiones, sino que también representa una pieza estratégica para el desarrollo agroindustrial, con su consecuente aporte a la seguridad alimentaria y energética del país.