El negocio de decir mentiras
Dicen que la justicia cojea pero llega y el caso de Ariel José Martínez lo comprueba. La justicia llegó pronto, como lo reconoció este sencillo carpintero al salir de la cárcel: “en mi caso se hizo justicia”.
Siempre se han presentado errores judiciales y, por desgracia, siempre los habrá. Pero es tan grave que ocurran como que no se rectifiquen o se corrijan tarde, cuando el mal causado es irreparable. Y la abundancia de casos demuestra que, aparte de las fallas particulares que se dan en cada ocasión, hay algo en el engranaje de la justicia que permite caer en ellos fácilmente y en cambio dificulta enmendarlos con prontitud.
El problema se enuncia fácil en términos generales pero carga una tragedia, muchas veces irremediable, cuando se analizan los ejemplos uno por uno.
¿La reforma de la justicia que se propone por enésima vez es consciente de estas situaciones? ¿Las afronta? ¿O se engolosina en redistribuir funciones, entrelazar períodos, discutir si los magistrados deben retirarse al entrar a la tercera edad o a la cuarta? ¿Se entretiene dosificando qué tan escasas deben ser las gotas de justicia, para que los mayores crímenes se queden sin castigo, porque sus autores no están dispuestos a pagar “ni un día de cárcel”?
Los cambios en la cúpula y la redistribución de funciones, que es apenas la antesala de otra redistribución, dejan intactos los errores que se presentan en los juicios. La ley, se anuncia, dejará caer todo su peso, implacablemente, para castigar sin contemplaciones cualquier delito. Lo cual, en el lenguaje que el país aprendió a interpretar, significa “¡que tiemblen los ladrones de gallinas!”.
Ojalá esta vez la reforma no consista sólo en repartir de modo distinto una atribuciones en cuyo ejercicio están interesados unos cuantos funcionarios públicos, y las modificaciones desciendan a la vida real, para eliminar plagas que atacan la justicia por dentro, como la de los falsos testigos, que pervierte el contenido de las leyes y ataca la administración de justicia desde sus raíces más profundas.
El libro que describe hasta donde pueden llegar los falsos testigos es un documento alarmante. Si no se frenan, vamos para la institucionalización del negocio de contar mentiras, como uno de los más rentables que merodean por el mundo judicial. Lo sucedido con Sigifredo López, Nancy Patricia Gutiérrez y Luis Fernando Velasco, entre otros, muestra las injusticias que se pueden cometer con base en testimonios de especialistas en armar un entramado de falsedades que atrapa a jueces y magistrados, desvía investigaciones, encierra inocentes y libera culpables, al mismo tiempo que desacredita la prueba testimonial, abriéndole un boquete adicional a la justicia.
No es tarea fácil que pueda cumplirse con rapidez, por lo cual hay que empezar ya mismo. Entre otras cosas para explicarle al país que mientras se le pide que perdone delitos graves, inclusive los de lesa humanidad, prospera el cartel dedicado a vender mentiras y a judicializar al opositor político.