¿Cómo es de verdad el campo?

Estamos al borde de iniciar una gran reforma agraria, sin que sea, según dice el Gobierno, una consecuencia de las conversaciones del La Habana y sin esperar a que terminen. De tanto hablar del tema se incrustó en el centro de las preocupaciones nacionales inmediatas y, además, ligado al proceso de paz. 

Como para formular un buen tratamiento a los males del campo hay que partir de un conocimiento exacto de la situación, es indispensable establecer cuáles son los datos básicos sobre los cuales comenzará a desarrollarse la nueva política agraria. Si se ignoran o los desfigura una mala presentación, correremos el riesgo de legislar para un campo distinto del existente en la realidad y  tratar con un sector agropecuario que solo se presenta en las retóricas                                                  reaccionarias o revolucionarias, bien distintas de las circunstancias que viven agricultores y ganaderos en sus tierras.

Caeríamos, entonces, en el error de diagnóstico que cometen quienes se imaginan el planeamiento del problema, en cambio de retratarlo fielmente como es en la vida real y partir de allí.

Podríamos comenzar con cinco peguntas que nos ayuden a trazar el perfil del sector agropecuario.

Primera: ¿cuál es el punto de partida para trazar el mapa de la distribución de la propiedad rural en Colombia? Se supone que el registro de los inmuebles rurales muestra exactamente esa distribución. Pero todos sabemos que ahí no se refleja la situación real, porque grandes porcentajes de las propiedades no están debidamente escriturados y anotados, se van dividiendo y subdividiendo por las muertes y las herencias, de manera que una cosa dice el mapa elaborado en las oficinas de registro y otra bien distinta resulta cuando se recorre físicamente una región.   

Segunda: ¿cómo es la relación entre valor del terreno y  la inversión necesaria para   hacerlo productivo? ¿Es la misma de los años anteriores? Porque no puede la nueva política atenerse solo a los valores del factor tierra sin incluir  lo que está encima de ella. ¿Cuánto le cuesta a un ganadero “vestirla” para formar una verdadera unidad productiva? ¿Cómo es la relación entre la parcela cafetera, su valor y el de las matas y beneficiaderos que permiten considerarla una auténtica finca productora del grano?

Tercera: ¿hasta dónde es posible señalar por la autoridad, cualquier autoridad, las condiciones ideales para determinado cultivo? Porque mientras no se haga ese estudio será imposible establecer las condiciones para que un predio rural se considere bien explotado.

Cuarta: ¿la repartición mejora, por sí sola, las condiciones del sector agropecuario? ¿O se necesita  crédito, asistencia técnica y mercados organizados, para  que la tierra produzca en manos del destinatario de las adjudicaciones o del dueño de las fincas que ingresen a un programa de fomento? Porque, sin esos apoyos, hasta el más entusiasta adjudicatario venderá la tierra recibida, antes de que se enmonte del todo.

Quinta: ¿cómo evitar que la subdivisión de la propiedad lleve derecho al minifundio?

Suponemos que estas inquietudes, que nos surgen espontáneamente a quienes no somos expertos en el tema agrario, han sido analizadas a profundidad por los encargados de implementar las medidas que vendrán a redimir el campo colombiano. Si es así sería bueno que le explicaran al país cómo creen que es el sector rural y en qué consisten los acuerdos.