¿La justicia es para todos?

¿Qué mensaje recibe el país con la sentencia que condena al encargado de cuidar al niño Emmanuel, mientras la madre permanecía secuestrada?

Se hizo justicia, dirán los primeros que lean los informes periodísticos según los cuales condenaron a treinta y tres años de cárcel al campesino que recibió el encargo. Y muy probablemente agregarán que, para los promedios colombianos, este fue un juicio rápido.

Pero como no es un caso delictivo aislado, el mensaje que le llega al país inicialmente y después a la comunidad internacional, repercute  en las negociaciones que se adelantan con el grupo armado que secuestró a la madre, la mantuvo varios años en el cautiverio en el cual nació el niño, y se lo encomendó al condenado, que bien podía ser un miembro de la organización o un colaborador forzado.

Empezando por La Habana, viene haciendo carrera la idea de que los miembros de las Farc no pagarán ni un solo día de cárcel pues, como lo dicen con suficiencia los comentaristas que ahora son criadores de pacíficas palomitas blancas, no se van a desmovilizar para entrar a prisión.

La proporcionalidad del delito y la pena es un principio universal, más de sentido común que de derecho penal. Los castigos tienen que graduarse con la gravedad de la conducta que se sanciona, porque ante la justicia no puede ser lo mismo un hurto de mínima cuantía que un supermillonario robo con asalto violento de por medio, o una nariz rota en riña imprevista que un asesinato premeditado y a sangre fría.

Habrá que explicar, entonces, que quien mantiene en su casa un niño nacido durante el secuestro de la mamá, pase treinta y tres años en prisión y los integrantes del grupo que ordenó el secuestro, lo cometió, mantuvo cautiva a la madre y le entregó el hijo al  condenado no irán a la cárcel ni de visita, porque estarán muy ocupados en sus labores como congresistas. ¿Los guerrilleros rasos y los de la cúpula reciben el mismo trato?

Es obvio que en un proceso de paz es necesario hacer excepciones y flexibilizar normas. Eso lo entiende perfectamente el país. Pero incongruencias como las que aparecen en estas noticias requieren una pedagogía intensa y extensa, para explicar por qué la igualdad ante la justicia no existe ni siquiera cuando se trata de personas pertenecientes a una misma organización, o entre participantes en un mismo hecho.

Son explicaciones urgentes para que el proceso se aclimate en la opinión pública nacional e internacional y no desconcierte a los organismos multilaterales. Sería deplorable que el ambiente favorable se derrumbara, aplastando las esperanzas de millones de colombianos que desean sinceramente la paz. ç

Los mensajes equivocados producen su efecto negativo independientemente de si son voluntarios o involuntarios. Y se rectifican con rapidez, precisando su alcance, o complican el desarrollo de un proceso que, como otros anteriores, nació en medio de grandes ilusiones y no queremos que termine en decepciones amargas.