¿Cómo gastan nuestro dinero?

En medio de las  noticias sobre tribulaciones de la administración distrital, una desconfianza creciente en su capacidad para gobernar a Bogotá, una lluvia de escándalos y el interminable destape de negociados en proporciones jamás vistas, con las primeras notificaciones de un nuevo cobro de valorización y en vísperas de la temporada de los prediales, aparece un estudio de la Veeduría del Distrito sobre la ejecución presupuestal. “El porcentaje  de ejecución de 2012 -dice la información de El Nuevo Siglo- es el más bajo de los primeros años de gobierno de las tres últimas administraciones y uno de los menores de la última década”

En otras palabras, se recaudan sumas previstas en presupuestos que el Gobierno bogotano es incapaz de ejecutar. Como es obvio, los ciudadanos comunes y corrientes se preguntan ¿para qué cobran unos impuestos y presionan los recaudos de fondos que después las autoridades son incapaces de utilizar?

Y no es precisamente por falta de necesidades  que deja de ejecutarse el presupuesto. Las hay y de proporciones angustiosas. La inclusión en el presupuesto tiene que estar sustentada en unas apropiaciones  adecuadas a las         necesidades de la capital. Pero nunca son suficientes.  Lo presupuestado siempre estará por debajo de los montos indispensables para atender las justas aspiraciones de la comunidad. Y ahora, para empeorar las cosas, resulta que ni siquiera esos presupuestos  se ejecutan en su totalidad o , al menos, en una proporción razonablemente  alta.

Pero, eso sí, cobran los impuestos  para  equilibrar un presupuesto que solo se ejecutará parcialmente, mientras  los contribuyentes  sufren golpes por lado y lado. Les exigen pagar impuestos para hacer obras y prestar servicios que ni se hacen ni se prestan, amarrando los tributos a unos parámetros presupuestales que ni siquiera se podrán llevar completos a la práctica.

En esas circunstancias es lógica la inconformidad con los cobros de valorización, afectados, además, por duros cuestionamientos sobre su justificación y los montos que se le cargan al habitante de Bogotá.  Y es lógica, también, la reacción que se avecina  cuando lleguen los cobros del predial y se justifiquen por la necesidad de alcanzar metas presupuestales que los ciudadanos ya saben que son apenas cifras en el papel, pues la incapacidad administrativa del Distrito es incapaz de llevarlas a la práctica.

A esto se agrega  que no todo el presupuesto se ejecuta bien. La serie de noticias sobre impuestos, cobros, recaudos y gastos no termina en su contabilización. Detrás de las cifras están los continuos descubrimientos de malversaciones, despilfarros y peculados que abren tremendas troneras en las finanzas públicas.

Por paciente que sea el ciudadano, una situación de este género no se prolonga indefinidamente, sin desembocar en reacciones desesperadas. No pueden pasar años y años sabiendo que sus dineros se recaudan con  pretextos que resultan en definitiva ser eso y nada más, que los presupuestos solo se ejecutan en una baja proporción, que a pesar de todo se cobra más y más cada año y que lo  gastado se gasta mal.

Hasta ahora, quienes viven en Bogotá han demostrado más paciencia que los comuneros. ¿Cuánto más aguantarán?