La democracia necesita estabilidad, seguridad y, en especial, el debido respeto por las leyes. En los sistemas en los cuales se viola el derecho, la democracia periclita y se pierde el respeto a la autoridad.

Colombia se nos ha convertido en uno de los países donde la soberanía nacional se mantiene a la baja, con un crecimiento estratégico de los violentos de toda laya, los cuales controlan el 70% del territorio. Son tiempos en los cuales el gobierno tiende a mantener a nuestras tropas, en una suerte de interinidad. Al carecer del decisivo apoyo oficial se presenta una dicotomía en el sistema, fuera de que los servicios de inteligencia han sido mediatizados con la salida de sus jefes más experimentados y gran parte del personal, para dejarlos en manos de sus agentes de confianza o de elementos perniciosos, según dicen los expertos. En tales circunstancias adversas, los buenos oficiales que aún quedan en tan fundamentales responsabilidades, carecen de la pericia de sus antecesores y no tienen el apoyo oficial a fondo que se requiere en estos casos.

Es evidente que la salida de los oficiales más consagrados en la lucha contra la subversión es un duro golpe a la capacidad de respuesta de nuestros uniformados, en un lucha tan ardua y difícil y compleja, en la que las tropas requieren del apoyo de la inteligencia para encontrar y anticiparse al enemigo. No pocos de los ataques que han sufrido nuestros soldados y la población civil en los tan continuos como sorpresivos asaltos a la sociedad tienen que ver con ese fenómeno, pues los servicios de inteligencia suelen ser los ojos y oídos de los agentes del orden.

Fuera de eso, tenemos que nuestras tropas carecen del fuero militar, fundamental para enfrentar a los enemigos de la sociedad. ¿Cómo es posible que los valientes soldados de Colombia no tengan fuero, ese que se estableció en tiempos heroicos el Libertador Simón Bolívar? El fuero militar no es como consideran algunos una coraza jurídica para consagrar la impunidad de los delitos que cometan los uniformados, sino un compromiso legal que debe ser, incluso, más duro que el normativo que sanciona a los civiles. Lo que se trata es que los militares sean juzgados por sus pares. Lo que importa es que los jueces y tribunales que atiendan los delitos de los soldados conozcan del asunto y de sus inmensas responsabilidades. En el gobierno de Juan Manuel Santos, se acordó en La Habana la impunidad de las Farc y crear un tribunal especial para atender a los subversivos, que funciona en la actualidad, bajo un sistema en el cual a la mayoría se les garantizó la impunidad. Lo mismo, que avanza en busca de los militares que han cometido delitos graves del servicio, cuando ellos debían estar siendo atendidos por jueces militares.

Precisamente, en estos tiempos en los que el gobierno y otros sectores plantean la necesidad de llegar a un acuerdo nacional, se debería comenzar por un pacto que les devuelva el fuero militar a nuestros soldados. Sin ello nuestras tropas son tratadas como delincuentes civiles por jueces que no pocas veces tienen un sesgo adverso contra la institución.

¿Cómo es posible que ningún legislador de los partidos tradicionales presente una ley que devuelva el fuero militar a nuestros soldados? Esa misión la deben asumir los defensores del orden y a la misma no deberían oponerse los parlamentarios del gobierno, dado que están en el poder y, en teoría, no son agentes de la subversión.

Por lo mismo es urgente que los partidos del orden, en un gesto de solidaridad y agradecimiento con nuestros soldados, apoyen en el Congreso la devolución del fuero militar a nuestros soldados, que ya empiezan a sufrir la falta de combustible para los aviones y vehículos, como varias veces los han registrado los medios de comunicación.

En tanto, el gobierno en sus tratos con el Eln manifiesta estar dispuesto a convocar una consulta popular de tipo legislativo para establecer sus acuerdos.