Las elecciones del próximo domingo van a ser muy singulares, porque ningún partido político tiene capacidad para elegir solo a ningún alcalde o gobernador, lo que quiere decir que tienen necesidad de conformar bloques. Y en ese proceso se desdibuja un poco la identidad de los partidos, porque se presentan alianzas entre organizaciones políticas que no tienen identidad. Se dirá que lo problemas que enfrentan los municipios y departamentos no implican una postura ideológica para solucionarlos, lo cual también es cierto.

Pero más allá del aval de los partidos en algunas regiones se ve a militantes de los mismos apoyando a candidatos diferentes de los avalados por el partido en el que militan. Y candidatos que lo fueron de uno, han terminado avalados por otro. Ese es el cuadro en las regiones en donde predomina más la problemática de cada zona geográfica y los intereses de los candidatos que las aspiraciones de las agrupaciones políticas.

Es lamentable la manera como se ha distorsionado el espíritu de lo que se conoce como democracia local. Estamos convirtiéndonos en una especie de plutocracia porque hoy son los costos de la financiación de las campañas a las corporaciones de elección popular los que determinan una elección y esa circunstancia hace que terminen ungidos los candidatos que más inviertan recursos en la actividad proselitista y que luego aspiran a recuperar. A esto hay que ponerle coto. Hay que hacer valer los topes electorales y taponar las fuentes de financiación de dudoso origen.

Frente a este panorama, el procurador general Fernando Carrillo, advierte que el 30 por ciento de los municipios del país, o sea, 315 de los mismos, se encuentran en alto riesgo electoral por compra y trasteo de votos, participación de funcionarios en política y corrupción electoral. Agrega que el 10 por ciento de los 117.000 candidatos no han reportado sus ingresos y gastos como lo exige la ley. También informa que los Partidos podrían ser sancionados si los candidatos que logren el cargo lo pierden por inhabilidad. Ello quiere decir que la Procuraduría y la Fiscalía General tienen una tarea grande en el próximo certamen electoral. Sus funcionarios, apoyados por las personerías, podrían estar recorriendo los municipios en oficinas ambulantes recibiendo quejas y denuncias sobre conductas que puedan atentar contra la pureza del sufragio electoral, porque los ciudadanos muchas veces no se acercan a las oficinas públicas. Además, ello serviría para disuadir y hacer pedagogía sobre el alcance de los delitos electorales.

Lo anterior nos demuestra que la elección popular de alcaldes y gobernadores en algunas regiones se ha vuelto un negocio; tanto es así que hay casos en donde se sabe por anticipado quién va a ser el alcalde o gobernador.

El ejercicio democrático hay limpiarlo de este tipo de influencias porque es la fuente de la corrupción que estamos viviendo. Tiene razón el Procurador cuando afirma que “No hay mejor mecanismo para luchar contra la corrupción que votar contra los corruptos”. Esas es la mejor manera de cerrarle los espacios. El próximo domingo hay que votar haciendo un esfuerzo por desterrar esas prácticas y reafirmando los valores democráticos.