De cara a las elecciones que se avecinan, ya se escucha en las diferentes regiones de Colombia, aquella penosa frase "lo escogieron a dedo", que tanto irrita a los ciudadanos, y que desgasta permanentemente a los partidos, especialmente a los alternativos. No en vano los índices de desfavorabilidad que en estos momentos registran.

La democracia interna de los partidos es un elemento estructural en un Estado Democrático de Derecho y columna vertebral de los sistemas políticos modernos, no obstante, se echa de menos en la mayoría de las agrupaciones políticas actuales. A raíz de esta situación, las personas están optando por inscribir sus candidaturas mediante grupos significativos de ciudadanos, para, a través del mecanismo de firmas, postularse a los diferentes cargos de elección popular.

A la fecha, son más de 300 los candidatos que han optado por esta figura, con el fin de buscar un espacio político regional. Cada cuatro años, crece de manera importante los candidatos que se dicen llamar "independientes", lo que, a mi juicio, opaca los agrupaciones políticas y promueve, en ciertos casos, caudillismos locales sin plataforma política ni ideológica alguna.

Con seguridad, la situación fuera diferente si los directivos de las colectividades adoptaran mecanismos democráticos para elegir sus futuros candidatos a Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas Departamentales. La ley 1475 de 2011, les da la posibilidad de convocar consultas internas o populares con la finalidad de: “adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición a cargos o corporaciones de elección popular”. Buena alternativa si el propósito es definir a las mejores personas para que representen a sus agrupaciones.

Actualmente, muy poco se acude a esta herramienta, y, por el contrario, la dedocracia se convierte en la práctica más usada. Las consecuencias: partidos políticos cada vez más debilitados, pérdida de representación en los cargos de elección popular y ausencia de mística al interior de las colectividades.

Una de las dificultades para llevar a cabo consultas internas, es la inexistencia de un registro de afiliados, que acredite los militantes de cada colectividad, y que, sin duda, pudiera ser una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones al interior de las agrupaciones. En tal sentido, el Consejo Nacional Electoral deberá avanzar en exigir a los partidos que cumplan este mandato legal, que también puede servir para controlar la doble militancia.  Cabe destacar que el Consejo de Estado, ha fijado unos parámetros jurisprudenciales muy importantes en relación con las sanciones por doble militancia, que, me temo, son poco conocidos a nivel territorial por quienes aspiran a postularse para las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo. Lo preocupante, es el hecho de que ese desconocimiento, puede llevar a que futuros alcaldes sean separados de sus cargos generando inestabilidad política en sus municipios y mayores costos al estado, puesto que sería necesario convocar elecciones atípicas.

La reforma política, que hace su tránsito en el Congreso de la República, pudiera ser una oportunidad de oro para exigir una plena democracia interna de los partidos políticos, lo que les daría mayor fortaleza y legitimidad.