Al igual que otros pocos columnistas, desde hace más de veinte años , hemos insistido en el hecho, por demás aberrante, de que Colombia mantenga un absurdo, creciente y frustrante exceso en el número de abogados. En 1962 cuando teníamos aproximadamente nueve mil de ellos, Darío Echandía denunciaba ese exceso por inconveniente y socialmente costoso.

Hoy, según informan entidades competentes, tenemos en nuestro país la bobadita de doscientas noventa y dos mil quinientas treinta y cinco tarjetas profesionales de abogado, ciento noventa y cuatro escuelas o facultades de derecho y en Bogotá treinta y seis facultades, cuando Paris la capital de Francia, una ciudad mucho más poblada y extensa que Bogotá, solo tiene siete facultades de derecho. Las anteriores cifras son horrorosas pero a nuestra clase dirigente parecen causarle apenas una leve sonrisa. Esas cifras indican también, que especialmente durante los últimos sesenta años de la vida nacional, en muchos aspectos como el de alguna planeación educativa no hemos tenido Gobiernos sino gobiernitos. En próximas notas daremos cifras con realidades semejantes a las de la planeación educativa en el campo de la oferta y la demanda de profesionales del derecho.

Hace poco más de una década escuchamos de viva voz una anécdota que relataba  el profesor Jaime Vidal Perdomo: “Recién posesionado el Presidente Guillermo León Valencia, le ofreció la rectoría de la Universidad Nacional al maestro Darío Echandía Olaya, quien le manifestó al Presidente que no podía aceptarle porque de llegar a ello la primera medida que tomaría como rector de la universidad  sería la de suprimir la facultad de  derecho por innecesaria y costosa  y que eso le causaría problemas al gobierno nacional. La anterior anécdota muestra muy bien la dimensión del problema colombiano y también habla bien de la clase o calidad de dirigente político que tuvo Darío Echandia, especialmente si se le compara con la clase dirigente de hoy.  

El drama colombiano no termina con el solo enunciado del número de abogados y el de estudiantes de derecho, hay otro hecho que resulta curioso para no decir risible: El Icetex desde su fundación presta dinero para estudiar derecho, una carrera, como está dicho absolutamente sobresaturada desde hace más de sesenta años.

El actual Gobierno y el Congreso colombiano son responsables de corregir la anterior situación que mucho colombianos consideramos estúpida para o no decir criminal. 

La planeación absoluta, sabemos, no es posible en un sistema capitalista como el nuestro, ella solo puede darse en los sistemas socialistas, pero si es posible entre nosotros una planeación indicativa basada en la premisa de que “una sociedad no debe producir sino el número de profesionales que requiera cada actividad y de que es necesario grabar y desestimular en diversas formas las carreras que no requiera la sociedad”. Según datos de internet Colombia tiene el segundo lugar en el mundo en  número de abogado. ¡Valiente título tan ridículo!

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