CARLOS MARTÍNEZ SIMAHAN | El Nuevo Siglo
Sábado, 16 de Noviembre de 2013

Informalidad y desempleo

 

El desempleo se mantiene como la principal preocupación de los colombianos. Esa percepción contrasta con las cifras oficiales: el empleo ha crecido los últimos 3 años, como resultado de un auge económico que ha compensado los aumentos en la tasa de participación y ha logrado reducir el desempleo alrededor del 9.9%. Los índices menos favorables se encuentran en el sector agropecuario y en el industrial, pues la generación de empleo se ha concentrado en los servicios, muchos de ellos de bajas productividad y formalización. Del mismo modo, es insuficiente la reducción en la brecha discriminatoria por género, raza, edad y región. La tasa de desempleo en la Región Pacífica alcanza el 12.8%, en abierto contraste con Barranquilla 8.6%, Bucaramanga 8.7% y Bogotá 9.4%.

Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, en 2012 había en el Gobierno central un promedio de 132 empleados por prestación de servicios por cada 100 de planta. Y en las entidades territoriales, la cifra se elevaba a 170 por prestación de servicios por cada 100 de planta. Además, la nómina paralela significa un ingreso inferior del 60%.

 

En desarrollo del mandato “Concretar lo Social”, la Academia del Pensamiento ha elaborado la siguiente propuesta para apaciguar la informalidad: en cuanto al sector público, se plantea un plan a 5 años, para absorber en la nómina un 20%, cada año, de los contratos de prestación de servicios. Esta absorción se daría en las entidades mismas, si se trata de servicios habituales, o en una entidad dependiente de la Función Pública, si se trata de servicios transitorios. Lo que se pretende es eliminar la actual incertidumbre del empleo, con su pérdida directa en productividad por tiempos de empalme y curva de aprendizaje. El Estado debe dar ejemplo en la formalización del empleo.

 

En cuanto al sector privado se distingue entre el sector rural tradicional y el urbano. Los campesinos en zonas alejadas y en sustitución de cultivos serían objeto de un programa de garantía de comercialización durante un período de diez años, dando tiempo a la maduración de los avances esperados en la infraestructura de transporte y en nuevos modelos de asociatividad y ordenamiento del territorio, como el de Comarcas de Progreso.

En la zona urbana, el impulso a la formalización debe darse con el acompañamiento de la Banca de las Oportunidades. Se propone que la Banca apoye el Emprendimiento, utilizando esquemas de aceleración de las “start-up”, participación de ángeles inversionistas y mentores especializados. También, debe recuperar su enfoque hacia grupos específicos de población, como el de plazas de mercado y similares, así como el incremento de los grupos locales de ahorro, especialmente en zonas de menor ingreso.

 

En ambos casos se incluye el propósito de dar un plazo a los subsidios sociales y transferirlos hacia crédito y aseguramiento. Desde luego, se debe mantener la asistencia humanitaria en casos puntuales y en situaciones de emergencia, pero el Estado debe dar a las familias apoyo para que asuman la responsabilidad de su propia subsistencia.