PARTICIPACIÓN DE LA GENTE

Lo impensable puede ocurrir

LAS  conversaciones del Gobierno con las Farc, en La Habana, están entrando en una etapa que exige insistir en ciertas claridades indispensables.

La primera de ellas es que en Cuba no se está buscando un acuerdo de paz.

Lo que Santos y Timochenko acordaron fue una agenda para ponerle fin al conflicto.

Y para que no existan confusiones con respecto a ese objetivo, lo definieron como un proceso que empieza cuando se acuerde todo sobre todos los temas y termina cuando se haya implementado, de manera simultánea e integral, lo acordado. Esto significa que cuando terminen las conversaciones y se protocolicen las coincidencias, si es que se llega a ese punto, apenas se le dará inicio a una nueva etapa de la vida nacional, cuya duración estará condicionada al cumplimiento de lo que quede consagrado en el documento que adquirirá el carácter de hoja de ruta.

No se necesita hacer un gran esfuerzo para imaginar las innumerables vicisitudes que viviría la sociedad colombiana en esa eventualidad. Serían tantas que la única manera razonable de crear las condiciones que se requerirían para que lo que se acuerde sea un compromiso de la nación y no de un Gobierno, tiene que ver con la participación de la gente.

Por esa razón, el pronunciamiento popular sobre los acuerdos es de una importancia capital.

Es verdad que hoy no existe ninguna obligación constitucional ni legal de someterlos a una refrendación ciudadana.

Pero, en ese caso, estaríamos frente a un asunto de naturaleza política y social, no jurídica.

Y ¿qué les convendría más a los colombianos?

¿Imponerles a millones un acuerdo para que estos simplemente lo acaten, porque él implica que, después de varios años, se terminaría el conflicto y se podría empezar a hablar de paz?

O abrir un amplio espacio pedagógico y de discusión democrática para que la ciudadanía, debidamente informada, manifieste su voluntad, y su compromiso, si es que toma la decisión de aprobar lo acordado por el Gobierno y las Farc?

Frente a estas dos alternativas, una mirada hacia el impredecible espacio del futuro indicaría que el mejor camino es el segundo.

Actuar así permitiría que los ciudadanos conozcan lo que se hizo. Daría lugar a diálogos informativos con los colombianos, facilitaría que cada quien formule las inquietudes que tenga y reciba las respuestas, y prepararía a la sociedad para enfrentar las inmensas dificultades que tiene la implementación de las decisiones de ese tipo.

Es suficiente leer lo que ha sucedido en los países en donde se han hecho acuerdos de paz, para tener presente que la convivencia, después de años de dolor, no es un resultado inmediato sino una construcción difícil y prolongada.

En este orden de ideas, lo mejor, en todas las etapas de los procesos de conversaciones, es mantener abiertos los canales que permitan recoger la opinión de la comunidad.

Al final de cuentas, es ésta la que por último aprueba lo que se acordó y acepta o rechaza que se tomen decisiones en su nombre. Y cuando esos canales no existen para quienes quieren contribuir con sus críticas, pues hay que crearlos.

Es necesario construirlos, poner en marcha encuentros permanentes con los ciudadanos, y conseguir que lleguen los mensajes desde el espacio inagotable de lo público.

La mejor forma de contribuir es hacer coaliciones con la gente.