Peligrosas consecuencias institucionales.

Gobierno propone sustituir la Constitución

Con  el argumento de que se necesitan herramientas, anticipadamente, para implementar los acuerdos que se hagan con las Farc, el Gobierno presentó un proyecto que, de ser aprobado, sustituiría la Constitución.

Puede decirse que se está ensillando antes de traer las bestias.

¿Cuál es el afán, si falta mucha agua por correr bajo el puente en las conversaciones en La Habana?

¿Para qué anticiparse a definir herramientas para los desarrollos constitucionales y legales de lo que se acuerde, sin haber determinado, primero, mediante cuál mecanismo se le preguntará al pueblo si aprueba o rechaza dichos acuerdos?

¿Qué puede explicar que se corra tanto, si nada está acordado hasta que todo esté acordado?

Es inevitable sentir un tufillo electorero que tendría que ver con el propósito de generar, antes de las elecciones regionales del 25 de octubre, la idea de que ya se está cerca del final, a fin de fortalecer las posibilidades de los candidatos de las fuerzas que apoyan al Gobierno.

Y las Farc le están haciendo el juego a ese engaño electoral.

Si bien, lo anterior preocupa y suscita rechazo, inquietan aún más las peligrosas consecuencias institucionales que la iniciativa del Gobierno tendría, en el caso de que los parlamentarios decidan darle la bendición.

En esta materia es inevitable decir que se estaría sustituyendo la Constitución.

El concepto de sustitución constitucional se funda en varios criterios, que han sido determinados por vía jurisprudencial.

Entre ellos, debe resaltarse que la Carta no tiene normas pétreas, es decir, inmodificables, pero también es necesario afirmar que el poder de reforma de la Constitución, del Congreso, no es ilimitado.

Lo anterior significa que no puede reformar un elemento esencial definitorio de la identidad del Estado, para remplazarlo por uno distinto.

En ese evento tendría lugar una sustitución parcial del estatuto fundamental.

Como nuestro país es un Estado democrático, social y de derecho, que tiene como fundamento esencial, entre otros, la separación de los poderes, cuya composición y funcionamiento están determinados por la misma Carta, un cambio sustancial en cualquiera de ellos altera uno de los mencionados elementos esenciales.

El proyecto del Gobierno, en la práctica, remplaza el Congreso por otro completamente distinto.

Con la iniciativa que radicó el presidente Santos pretende agilizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz.

Y para ese efecto propone que los congresistas no puedan presentar proyectos sobre el contenido de dicho acuerdo, es decir, sobre infinidad de materias económicas, políticas y sociales, para no decir que en relación con todas.

En segundo lugar, concentra las competencias temáticas, que hoy están distribuidas en las distintas comisiones constitucionales, en una sola, con lo cual deja sin oficio a las demás, por la misma razón anterior.

De otro lado, el Gobierno asume un poder de veto sobre el contenido de todos los proyectos, por cuanto, para su aprobación, se requiere el aval previo del ejecutivo.

Adicionalmente, le plantea al Congreso que la competencia de las plenarias de las cámaras quede limitada solamente a la improbación de los proyectos.

De esta manera, el Gobierno propone remplazar el Congreso por otro diferente, con lo cual se tipifica una sustitución de la Constitución, toda vez que se trata del poder legislativo colombiano.

Y como si fuera poco, pide facultades extraordinarias imprecisas, ya que las solicita para “facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final”.

En esta forma viola la característica esencial de tales facultades, que es la concreción.

En resumen, altera la relación entre el ejecutivo y el Congreso, acaba con el equilibrio entre ellos, y deja al Legislativo sin competencias esenciales.

A eso lo llamó Marcos “dictadura constitucional”.