Pendiente para justicia transicional

 

Si le damos una mirada amplia a la negociación para terminar el conflicto armado, y en contra del discurso de que “se le está entregando el país a las Farc”, podemos afirmar que solo uno de los fundamentos constitucionales del Estado Social de Derecho, el de la justicia penal, ha sido motivo de negociación terminando en una reforma ostensible en aras de la justicia transicional. En efecto, en el “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto” y en el marco del “Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, se acordó diseñar un nuevo componente judicial constituido por la “Jurisdicción Especial para la Paz” (JEP).

 

Lo anterior en principio va en la dirección adecuada pues mediante la puesta en marcha de dicha jurisdicción se busca que el Estado cumpla de mejor manera - no se puede afirmar que no ha cumplido - uno de sus deberes centrales: proveer justicia penal reduciendo una de las lacras que más obran en contra de su legitimidad: la impunidad. Pero no entendiendo ésta como la ausencia de cárcel, sino como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena (o absolución) de los responsables. En este caso dándole prevalencia a las graves violaciones a los DD.HH y a las graves infracciones al DIH que tuvieron lugar en razón del conflicto armado. 

 

Así las cosas, lo acordado sobre justicia penal es satisfactorio desde la perspectiva de la pacificación. Pero solo en el papel, pues los retos más importantes vendrán con la implementación en la cual la legitimidad de origen y de ejercicio es esencial para la generación de confianza en que sí habrá justicia. 

 

Sobre la legitimidad de origen, además de ser un acuerdo orientado más a la satisfacción de las víctimas que de los victimarios, es de esperar que la selección de los Magistrados de la JEP resulte en personas de alta catadura ética dada por su experiencia, prudencia, ponderación y conocimientos.

 

Y adelantándonos a la legitimidad de ejercicio se hace imperativo atender las inquietudes de la Corte Suprema de Justicia que en boca de su presidenta, Margarita Cabello, formuló una ponderada advertencia consistente en que la JEP pactada puede dar inicio a una “justicia paralela”, en la cual incluso pueden llegar a revocarse las sentencias proferidas por el magno órgano judicial colombiano.

 

Con base en lo anterior y otras preguntas que hizo la presidenta de la Corte Suprema en su entrevista es de esperar que la reunión de los negociadores con el Magno Tribunal se realice pronto. Y como “nada está acordado hasta que todo esté acordado” lo mínimo que debería salir de allí es mantener la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre en lo penal, incluyendo las sentencias del Tribunal de Paz.