“La angustia de los inocentes”

Son  muchos los colombianos que alguna vez confiaron en la justicia y que hoy día experimentan la gran orfandad de quienes están llamados a garantizar el respeto por los derechos de los ciudadanos y de la sociedad.
Lo anterior, como consecuencia de la inseguridad jurídica que vive el país, siendo este uno de los problemas más sensibles en la medida en que afecta a los honestos, mientras la corrupción campea en los poderes públicos y por supuesto, en el aparato judicial.
La seguridad jurídica le corresponde garantizarla al Estado como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones de la sociedad. Sin embargo, son cada vez mayores las incoherencias de los fallos en los estrados judiciales y las altas Cortes, sumados al facilismo de señalar como "presuntos responsables" a criterio de quien revestido de alguna autoridad, de buenas a primeras se le ocurra hacerlo, mientras los delincuentes se pavonean tranquilos y seguros de que nada les va a pasar.
De esta forma se provoca un fenómeno que podríamos llamar "La angustia de los Inocentes", como consecuencia de los temores, las sospechas, la desconfianza, el escarnio, y hasta del temor a perderlo todo incluso su libertad, ya que la presunción de inocencia pareciera no existir, pretermitiéndose así un derecho legítimo universal que es parte del debido proceso; y más bien, con absoluta ligereza y la más pasmosa irresponsabilidad, obligando al acusado a tener que defenderse y probar que es inocente cuando debe ser lo contrario. De esta forma es como las cárceles están llenas de personas que no ha cometido ilícito alguno y de otras que ni siquiera han sido llamadas a juicio.
Para no ocuparnos en los demás órganos como las Procuradurías y las Contralorías, ejercidas sin objetividad y que terminan sancionando a quien no deben, y por motivos que no dan mérito a dichas sanciones. Asimismo, qué no decir de la nefasta labor mediática de los directores "non plus ultra" quienes se arrogan el derecho de dictar sentencia de manera imprecisa y por su propia mano, violando el derecho al buen nombre, si es que no también a la privacidad, flagrantemente mancillada a diario sin el mínimo escrúpulo.
Así las cosas, es al Gobierno a quien obligatoriamente le corresponde tomar medidas para devolver la confianza y, como en otras épocas, poder creer en nuestras instituciones.