Colombia eficiente

Luego  de conocerse el Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública y se derogan el 734 de 2012 y el 1397 de 2012; han surgido de parte de los entendidos algunas objeciones, entre muchas otras, las cuales dejo a su consideración.
Veamos:
Con este decreto se dice haber convertido a la Agencia de Contratación Estatal de la Presidencia de la República en un pulpo de incalculables alcances, concentrando a su haber y con base en los Acuerdos Marco de Precios, la facultad de influir sobre la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional; de tal forma que ese supuesto empoderamiento podría llegar a afectar la autonomía de dichas entidades objeto de la medida.
Además, se cuestiona haber retomado lo que en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), constituía la inoficiosa consulta de códigos CUBS y sus múltiples complicaciones, a pesar de haber sido derogada en el Decreto Ley Anti trámite de enero de 2012. Se revive la obligación de clasificar como parte del estudio previo, los bienes y servicios según el clasificador de Naciones Unidas, exigiendo su aplicación hasta el nivel tres en los procesos de licitación y de selección abreviada, y para una mínima cuantía hasta el nivel cuatro, lo cual es contradictorio con la necesidad de agilizar la contratación.
De otro lado, lo que aparentemente es bueno al obligar a las entidades públicas a hacer una evaluación costo beneficio antes de acudir a una cualquiera de las modalidades de selección abreviada, no aplica si el análisis solamente se hace pensando en lo que pueda costar el servicio, como podría suceder con las negociaciones a través de las bolsas de productos tal como lo autoriza la ley, pues las tarifas que se cobran en ese mercado precisamente le dan una mayor institucionalidad y le brindan al Gobierno verdaderas ventajas de transparencia, oportunidad, calidad y seguridad, además del menor precio al cual se llega en el libre juego de la oferta y la demanda; siendo entonces que la verdadera economía no está antes del negocio sino después de la puja entre compradores y vendedores.
Entre tanto, muchos millones ha gastado “Colombia Eficiente” para promocionar el sistema, además de salarios y honorarios en cuantías hasta de 14 millones, mientras se pregona mejorar el gasto público y racionalizar los dineros estatales.