Las autoridades nacionales y locales de tránsito y transporte están llamadas a descorrer el telón de verdades y mentiras que, ha cubierto el caos, provocado por los denominados conductores informales.

Tras cinco días, el bloqueo iniciado en Bogotá se extendió por sur y norte de Cundinamarca, con incidencia en zona central del país. El protagonismo, tiene mezcla de intereses, más allá del retiro de licencias de conducción por comparendos acumulados.

Es legal, reclamo laboral, si se basa en violación de normas de una actividad regulada por el Estado, incumplimientos salariales o exageración patronal, en los frentes de un servicio público. Todo, sin agresión de palabra o hecho.

Cuánto más sabotaje se registre en sectores sociales de escasos recursos económicos, los vándalos aprovechan para destruir y dejar la autoría de la destrucción mismos, presuntamente en habitantes de esos barrios o poblaciones.

La convocatoria dejó al descubierto, la intensa motivación por redes sociales al paro de conductores de transporte intermunicipal, para que la suspensión de servicios cubriera el área urbana, en horarios centrales de la mañana a la noche.

Así comenzó a activarse bloqueo, para generar caos en distintos sectores capitalinos, con especial énfasis en el sur y municipios de Cundinamarca, dependientes de Bogotá en norte y occidente.

Crecida la ola de bloqueo, el vandalismo entró con ataques a transporte de carga, así como a particulares y, con saña, a distintas estaciones y unidades de Transmilenio, que son blanco habitual en todas las marchas convertidas en ataques.

Aparte de identificar a autores del vandalismo, por parte de investigación policial, corresponde a autoridades de transporte departamental y movilidad de la capital, despejar con verdades, los propósitos en la retención de licencias por comparendos a conductores.

No se descarta, o queda en tela de dudas, si el Código Nacional de Tránsito, desde 2002, está actualizado y responde a exigencias que sobresalen en el grueso de transporte público y particular, que a aumentado en los últimos 17 años.

Este enfoque detecta dos escenarios: Gobierno Nacional, con organismos locales y departamentales, están llamados a actuar de manera oportuna, de acuerdo con exigencias de cada protesta de la ciudadanía del común, todas tienen dimensiones sensibles al desorden.  

El segundo, pregunta, si el vandalismo de ahora es el mismo que ataca en marchas de estudiantes, profesores e instituciones sociales. Las alarmas están prendidas en medio del proceso electoral del 27 de octubre, que reclama absoluta seguridad para garantizar votaciones.

Todo deja pensar que caos, con bloqueo a transporte público, libre movilización ciudadana y todavía más grave, destrucción de edificaciones, avenidas y sitios particulares, configuran al vandalismo, como otra banda armada actuando con intención de sabotaje nacional.