Uno de los pilares de los acuerdos de paz del Estado con la organización guerrillera Farc-Ep, es el complejísimo Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, y el Tribunal para la Paz como órgano de cierre de ésta.

Lo que las partes contratantes han acordado es la creación de una superjurisdicción que tendrá competencia sobre prácticamente todo lo que haya ocurrido o esté ocurriendo dentro “del contexto o por razón del conflicto armado”, pues su competencia es hasta antes del “Acuerdo Final”. Con ese límite, donde cabe toda la historia nacional desde 1964 -año que las Farc-Ep reconocen como fundacional- el poder de esa Jurisdicción Especial y de ese Tribunal es prácticamente omnímodo.

Lo es, entre otras cosas porque no sólo puede conocer de lo que no haya sido investigado o juzgado, sino porque puede revisar incluso todo lo que lo haya sido. La cláusula acordada sobre revisión contiene, entre otras causales, pero no se limita a ella, la de “revisar, a petición del condenado y de manera excepcional, las sentencias ordinarias por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cuando se alegue inexistencia del hecho o error manifiesto en la calificación jurídica”. Mejor dicho nada de lo juzgado en los últimos 50 años está en firme.

La competencia no se agota en el solo derecho penal. Incluye decisiones disciplinarias administrativas o judiciales y puede ocuparse de los casos de quienes hayan incurrido en “conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones (…)”. Es decir, todos los finqueros y empresarios que hayan pagado alguna extorsión a los paramilitares van a tener que demostrar que realmente estaban coaccionados y no financiando voluntariamente al grupo ilegal.

Con semejante poder que va a tener esa jurisdicción, mucho me temo que el país no le está poniendo suficiente atención a su forma de integración. Esperemos, para empezar, que no lo vayan a llenar de académicos de esos que nunca han salido de la biblioteca o no ven más allá del lomo del libro que están leyendo o escribiendo. O de jueces y fiscales ideológicamente sesgados, como los de la CIDH o los de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía o los de Tierras para quienes todo uniformado es un monstruo, todo empresario un malvado, todo ganadero un paraco y todo político un ladrón.

Ojalá nombren gente que tenga calle y campo. Jueces que sepan lo que es vivir en una zona de violencia y tener que “acordar” el pago de una extorsión para poder sobrevivir. Que distingan una vaca de una gallina o una palma de aceite de un helecho y que reconozca lo duro que es hacer empresa en el campo. Que no designen jueces de esos que a duras penas reconocen una extorsión si ven al empresario pagándola con una pistola puesta en la cabeza.

Y, por amor de Dios, que nombren jueces de carácter. De esos que tengan claro que un juez puede ser todo, menos popular.       

@Quinternatte