Tienen razón quienes reclaman el ejercicio de la autoridad legítima del Estado por estos convulsionados días, pero también los que advierten que dicho ejercicio debe estar enmarcado en precisos presupuestos.  El profesor C. J. Friedrich decía acertadamente que “No hay orden que pueda realizarse sin la autoridad”, pero él mismo advertía que “no hay orden que pueda construirse solamente sobre el poder”.

En este sentido Manuel García Pelayo recordaba, citando a Jaspers, que la libertad y la autoridad se complementan: “La una se hace verdadera, pura y profunda solamente con la otra. Sólo se convierten en enemigos cuando la libertad se transforma en licencia y la autoridad en violencia”, y que en la medida en que se contrapongan, ambas pierden su esencia. “El individuo sin autoridad incurre en la licencia, no sabe lo que él debe. La autoridad sin libertad convierte al poder en terror”.

Adicionalmente, para  el mismo autor, la  vigencia de la libertad y de un orden de participación, y no exclusivamente de dominación, supone  la presencia de la auctoritas como “principio de dirección y de jerarquización”, pues, mientras el poder se basa en la disposición de medios de coacción,  la auctoritas en cambio, en la posesión de cualidades valiosas de orden espiritual, intelectual o moral,  “dado que  lleva siempre adheridas unas cualidades axiológicas que hacen sentir el seguimiento como un deber”. La auctoritas se basa en efecto en el crédito que ofrece y en el respeto que inspira un líder o una institución y, por tanto, tiene como supuesto la confianza.     

El mismo autor afirmaba que “puesto que la auctoritas implica el reconocimiento espontáneo de unas cualidades estimables, es claro que la primera condición para su vigencia es un acuerdo, una co-incidencia en los valores estimados. Por consiguiente, cuando una sociedad está profundamente escindida en sus estimaciones axiológicas apenas es posible su vigencia, y, así, las épocas de crisis se caracterizan por la ausencia de auctoritas, justamente porque el desacuerdo, la carencia de incidencia común en lo que vale no permite fundar una unidad sobre el reconocimiento de lo valioso”.

En las actuales circunstancias pareciera, entonces, necesario no solo recuperar la autoridad mirada como garantía de las libertades, y basar su ejercicio en ellas, sino también generar la auctoritas y por tanto la confianza hoy manifiestamente ausente. Y para ello no cabe otro camino que dar plena vigencia al pacto axiológico contenido en la Constitución. Es en ella en la que se encuentran condensados los principios y valores que nos unen como sociedad y que han sido el resultado de un largo y doloroso proceso de construcción colectiva.  Es en ella que se hallan los presupuestos y límites de la acción legítima de las autoridades como de quienes actualmente ejercen el derecho a la protesta.

Es en el cumplimiento  de sus  mandatos, incluidos los compromisos con la paz, así como  el respeto a los derechos de todos,  que se encuentran las salidas  posibles a esta crisis; es a partir de ella que podemos realizar también  el inventario de  las inocultables carencias y déficits por llenar  para lograr  transformar la realidad económica y social  y para intentar superar  la actual  distancia e incomprensión  entre los ciudadanos y el Estado.  Es en ella, en fin, que se encuentran las claves de un renovado ejercicio de la autoridad legítima y de una nueva convivencia.

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