En varios medios de comunicación se han escuchado por estos días las voces de la academia y el clamor de gobernadores y alcaldes de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, las zonas PDET, para que el Congreso de la República de vía libre en esta legislatura a una fórmula clave para acortar las brechas que se mantienen entre el resto del país y estas regiones, así como para la reactivación de las economías territoriales duramente golpeadas por la pandemia. El propósito es cumplir con el mandato constitucional sobre el anticipo del 7% de las regalías por la explotación de gas y petróleo.

Se trata de los municipios donde el gobierno del presidente Iván Duque avanza en la ejecución de los PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, donde viven 6.6 millones de colombianos beneficiados en un proceso que no puede tener retorno para superar las condiciones de injusticia, violencia y falta de oportunidades.

El Congreso tiene la facultad de anticipar esos recursos para ser invertidos en municipios PDET ya no de aquí al 2032, sino en los próximos tres años. Aun cuando el monto debe estar atado a las variaciones de la cotización del dólar y los vaivenes del precio del petróleo, en las condiciones actuales del país y el mundo, debemos ser agresivos en el cálculo y no limitarlo a un simple criterio de vigencias futuras.

El Gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, como presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, y el Director Ejecutivo de esa organización, Carlos Camargo, lo mismo que un número muy importante de algunos de los economistas más sobresalientes de Colombia ya han resaltado la ruta del anticipo de regalías como una urgencia para la reactivación económica, en el entendido de que el reto del Estado es hoy garantizar proyectos de inversión intensivos en mano de obra. Y ponen de presente que durante el gobierno del Presidente Iván Duque se han probado aproximadamente 1.3 billones de pesos para municipios PDET a través de un organismo clave como el Ocad Paz.

La inversión se haría en obras vitales para la gente, teniendo en cuenta los 8 pilares de ejecución plasmados por las comunidades cuando se construyeron los PDET a partir de 32 mil iniciativas populares: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud rural, educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento básico; reactivación económica y producción agropecuaria, derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y paz. Es un compromiso con la paz y con el futuro.

¡El Honorable Congreso tiene ahora la palabra y confiamos en ellos!

*Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación