El presidente Santos, en medio de un entusiasmo inusitado por un proceso de paz cada día más estancado, afirmó en Oslo que “en la práctica, el posconflicto ya comenzó en Colombia”, palabras que seguramente dejaron  atónitos a quienes lo escuchaban. Tuvo que ser grande el estupor en la audiencia, en la medida en que el proceso de paz atraviesa por una crisis considerable debido a los repetidos ataques de las Farc contra la población civil y la infraestructura, que han causado el repudio general de la ciudadanía.

Semejante desconexión del primer mandatario con la realidad que vivimos es, no solamente preocupante, sino que siembra incertidumbres sobre el entendimiento del Presidente acerca del estado del proceso de paz. Después de tres años de diálogos y de acuerdos incompletos, la guerrilla intensifica sus acciones terroristas, descalifica a la justicia nacional, desconoce el Marco Jurídico para la Paz y las competencias del Congreso, reclama impunidad para sus delitos y pretende, como consecuencia de ello, el beneficio de un cese el fuego bilateral. Es el fruto de haber dejado crecer el sentimiento de igualdad en legitimidad con el Estado colombiano.

La respuesta del Gobierno no puede ser la de creer que “el posconflicto ya empezó en Colombia”. Este es un momento que requiere de claridad en el propósito, de firmeza en la acción y de visión de estadista. En vez de continuar dividiendo al país entre amigos y enemigos de la paz, el presidente debería convocar a la nación a un Pacto por la Paz, como el que propone el Procurador, para devolverle a la paz, quizá, su última oportunidad. Es preciso que el Presidente vuelva a la realidad y comprenda que la posibilidad de la paz reposa sobre un gran acuerdo nacional que incorpore a todos los sectores del país.

Los colombianos queremos paz y reconciliación, y para ello estamos dispuestos a las concesiones que las hagan posibles, satisfaciendo unos mínimos que aseguren su sostenibilidad. No se trata de inventar nuevos conceptos, ni de realizar un ejercicio de imaginación para construirlos. La normatividad internacional e interna, así como la jurisprudencia de la CIDH y la de la Corte Constitucional Colombiana, incorporan criterios que pueden servir y enriquecer esos mínimos necesarios para una convergencia de todos los sectores de la vida nacional sobre el contenido de un acuerdo de paz.

El Presidente, que reclama para sí la exclusiva responsabilidad del manejo de la paz, tiene el reto y la oportunidad de encauzar por la senda correcta la aspiración de todos los colombianos. Ojalá lo entienda.