Nicaragua, otra vez
Al país hay que hablarle claramente sobre la controversia marítima con Nicaragua. Sería deseable entonces que el Gobierno, libre ya de la presión que se deriva de toda aspiración reeleccionista, y habiendo aprendido a lidiar (al menos relativamente) con las incontinencias retóricas del senador Uribe, aprovechara la ocasión para decantar las lecciones del pasado y no repetir los errores -ni los suyos propios ni los de sus predecesores- que tanto le costaron al país y que tanto podrían costarle en el futuro.
Colombia tiene pendientes dos demandas ante la Corte Internacional de Justicia. El mismo tribunal que desde 2007 advirtió lo que todo el mundo sabía: que el meridiano 82 no era límite de nada y que, por lo tanto, había que moderar las expectativas, y atenerse a una delimitación que inevitablemente iba a estar por debajo de ellas. El mismo tribunal, también, que le otorgó a Colombia derechos sobre el 65% de las aguas del Caribe Occidental y que negó la mayor parte de las pretensiones nicaraguenses. El tribunal, en fin, al que la ministra Holguín llamó una vez “el enemigo” (con más furor que sensatez diplomática), y cuyos magistrados fueron acusados por algunos lenguaraces de andar en colusión contra Colombia.
Una de esas demandas tiene que ver con la presunta violación, por parte de Colombia, de derechos de Nicaragua derivados del fallo de 2012. En otras palabras, es una demanda por desacato (inédita en la historia de la Corte). Y la otra, fácilmente previsible, con el reconocimiento de una plataforma continental extendida a favor de Nicaragua: una aspiración que ese país ya había planteado en el proceso anterior, y sobre la cual la Corte no se pronunció, básicamente porque entonces Managua no presentó el acervo técnico suficiente para sustentarla. En relación con esta última, el Gobierno colombiano anunció la formulación de excepciones preliminares, que cuestionan la competencia de La Haya para decidir el asunto. No se trata de ninguna “demanda” -como incorrectamente lo afirmó el presidente Santos, a despecho de la pericia de sus asesores jurídicos. Tampoco es un “recurso”, sino un procedimiento preliminar, y en la práctica, casi una rutina en estos procesos. Y la verdad es que por muy “sólidos y contundentes” que le parezcan al primer mandatario los argumentos esgrimidos por Colombia, quizás no alcancen para persuadir a un tribunal que, en este caso, tiene más de una razón y poderosos incentivos para afirmar su jurisdicción sobre la controversia. Y así, sin anestesia, para que el país lo sepa, hay que decirlo.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales