¿Diplomacia secreta?

Un  postulado básico de la tradición liberal de las relaciones internacionales es la proscripción de cualquier forma de diplomacia secreta.  Según Kant, es un principio no sólo ético sino jurídico: “Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas, si su máxima no admite publicidad”.  Y ahí está, en respaldo del imperativo kantiano, el protocolo secreto del Pacto de no agresión germano soviético de 1939, por el cual Hitler y Stalin se repartieron Polonia y quedó allanado el camino a la II Guerra Mundial.

Casi nada se ha dicho -en Colombia- del acuerdo suscrito con Ecuador “para la solución de la controversia existente en la CIJ, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos ilícitos cerca de la frontera con Ecuador”.  La Cancillería ha dicho que el acuerdo no ha sido aún firmado, que está bajo reserva por petición de Quito y por disposición de la ley colombiana, y que aún faltan detalles por perfeccionar.  Así se han respondido varios derechos de petición, y el país sigue sin saber qué pactó exactamente con el vecino.

La verdad es que el acuerdo fue firmado por los cancilleres Holguín y Patiño el pasado 9 de septiembre.  Fue este último quien pocos días después reveló su contenido, punto por punto, en una rueda de prensa que aún se puede ver en el canal de YouTube de la Cancillería ecuatoriana. Por otro lado, la ley colombiana no da carácter reservado a este tipo de instrumentos, sino al proceso a través del cual se negocian. Y para rematar, el día 24 venció el plazo, establecido en el acuerdo, para convenir uno de sus aspectos más controversiales: “un Protocolo especial, expedito y sencillo para la atención de quejas” de los ecuatorianos que crean ser afectados por la fumigación aérea realizada por Colombia.

¿Por qué tanto celo en ocultar los alcances e implicaciones del acuerdo? El acuerdo impone limitaciones a la soberanía colombiana; obliga al pago de una indemnización (encubierta como “contribución económica”) a favor de Ecuador, con cargo a no se sabe qué rubro del presupuesto nacional; supone un reconocimiento de los efectos nocivos del glifosato; y para rematar, obliga al Estado colombiano a dar a los ecuatorianos un trato privilegiado en materia de derechos que usualmente niega a sus propios nacionales. Es un verdadero tratado y no un acuerdo simplificado: y por lo tanto debería someterse al trámite correspondiente.

Mejor un mal arreglo que un buen pleito, dicen. Pero un arreglo secreto no es más que una componenda.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales