Nairobi-La Haya-Bogotá
Mientras el mundo entero centraba su atención en la posibilidad de que el Congreso de EE.UU. dé su visto bueno para atacar el régimen de Bashar al Assad, a modo de sanción ejemplar por el uso de armas químicas contra la población siria; y mientras Colombia anestesiaba con fútbol el paro agrario, la crisis ministerial, las desfavorables encuestas, y el retorno del samperismo, ocurría en Nairobi, capital de Kenia -uno de los pocos Estados africanos donde Colombia tiene embajada-, algo que por muy ajeno que parezca podría tener importantes repercusiones en el país en un futuro cercano.
En efecto, el pasado viernes el Parlamento autorizó al Gobierno a denunciar el Estatuto de Roma, y por lo tanto, el retiro de Kenia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Semejante decisión se produce pocos días antes de que comience en La Haya el juicio contra William Ruto (actual Vicepresidente), en el marco de las investigaciones que adelanta la CPI motu proprio hace 3 años por la violencia electoral que sacudió a esa nación en 2008/2009, y en la que aparentemente estuvo también involucrado el presidente Uhuru Kenyatta.
De llegar a concretarse, el de Kenia sería el primer retiro de un Estado parte del Estatuto de Roma. Y aunque ese tratado establezca que la denuncia no tendrá efecto sino un año después de notificada, y que en ningún caso afectará los procedimientos ya iniciados -por lo que el tribunal rápidamente ha minimizado sus consecuencias-, es innegable que por ese camino Kenia estaría sentando un precedente nada desdeñable. A fin de cuentas, hasta ahora la acción efectiva de la CPI no se ha compadecido con su enorme importancia simbólica, ni la contundencia de sus intervenciones con la trascendencia de los elevados principios morales que la inspiran; y lo que para muchos es una promesa global en materia de DD.HH., es para otros tantos -y en una proporción creciente- un instrumento de intervencionismo occidental, encarnizado con África y condescendiente quizá con el resto del mundo.
El retiro de Kenia no haría más que reforzar la idea de su inanidad -de la cual el Tribunal no es exclusivo responsable-. Y, además, podría inspirar a otros Estados a imitarla, ante el recelo que despiertan sus actuaciones. O impulsar a la Corte a “des-africanizarse” -para ganar legitimidad a ojos de sus críticos-. Y en el marco del actual proceso con las Farc, ni las partes en La Habana, ni la sociedad en general pueden permanecer indiferentes frente a lo esto implica.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales