Rebelión contra la Corte

Desde que entrara en funcionamiento 10 años atrás, la Corte Penal Internacional (CPI) ha abordado 18 casos en 8 situaciones.  Algunas de ellas han llegado a su conocimiento por remisión hecha por Estados en cuyo territorio los hechos han tenido lugar: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Mali.  Côte d’Ivoire, que no había ratificado aún el Estatuto de Roma, reconoció sin embargo la jurisdicción del tribunal en 2003.  En dos Estados que no son parte en dicho tratado, Sudán y Libia, ha intervenido en virtud de sendos mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  Y en 2010 se produjo la primera intervención motu proprio de la Corte, en relación con la situación de violencia política ocurrida al fragor de las elecciones en Kenia a finales de 2007 y comienzos de 2008.

Aunque 122 Estados de todo el mundo han ratificado el Estatuto de Roma, la actividad de la Corte Penal Internacional parece estar concentrada en el continente africano. Naturalmente, eso despierta emociones y reacciones encontradas. Algunos han llegado a acusarla de ser un mero instrumento del neocolonialismo, y le reprochan su “ensañamiento” con África y -consideraciones jurídicas aparte- su negligencia y su tolerancia frente a Occidente y los occidentales.

Poco ayuda que la Corte haya llegado a ordenar el arresto de un gobernante en ejercicio (el sudanés Omar Al Bashir, por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) y de un expresidente (Laurent Gbagbo, de Côte d’Ivoire, hoy detenido en La Haya mientras espera ser juzgado por crímenes de lesa humanidad). Ni mucho menos, que en julio próximo esté previsto el inicio del juicio contra el actual presidente de Kenia, Uhuru Muigai Kenyatta, acusado también de crímenes de lesa humanidad.

Todo esto tiene preocupados a los mandamases de África, y al mismo tiempo, exacerba cierto nacionalismo en el continente negro que los populistas de turno no dejan de aprovechar. Ello explica que el pasado jueves la Unión Africana aprobara casi unánimemente una resolución exigiendo a la CPI que retirara los cargos contra Kenyatta, al tiempo que denunciaba una conspiración contra Kenia, víctima de una “fiscalía politizada, de poderes desbordados”.  Se ha vuelto a decir que los problemas africanos deberían resolverlos los africanos, y que una corte en La Haya no es el lugar para hacerlo.

Algunos han sugerido que sus países denuncien en masa y simultáneamente el Estatuto de Roma. Y si eso pasara sería un gran retroceso.  Para la justicia internacional, por supuesto.  Pero también para África.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales