ALERTA
Gobernanza de los recursos naturales
EL sector de recursos naturales, especialmente los no renovables, ha constituido por décadas uno de los principales motores del crecimiento de la economía colombiana, particularmente durante el largo ciclo de precios altos de las materias primas entre el 2003 y el 2012. Luego vendría la destorcida de los precios y el consiguiente decaimiento de la actividad extractiva, arrastrando consigo la inversión, las exportaciones, las finanzas públicas, cuyo bajonazo ha repercutido en la desaceleración del crecimiento de la economía.
En este contexto resulta de la mayor importancia el fortalecimiento de la institucionalidad del sector y la buena gobernanza del mismo, tal como lo demanda una de las metas de los ODS. Son parte esencial de la buena gobernanza contar con unas reglas de juego claras y estables, en las que los agentes de la cadena productiva sepan a qué atenerse y que el relacionamiento entre las empresas, el Estado y los grupos de interés sea transparente. No hay nada que ahuyente más a la inversión y a los inversionistas en un país que la falta de estabilidad y certeza en las reglas de juego.
Como lo afirma Fred McMahon, investigador del Instituto canadiense Fraser, refiriéndose a la percepción que tienen las empresas, extranjeras y nacionales con respecto a Colombia, ellas “entienden la necesidad de la regulación, de proteger el medio ambiente y el pago de impuestos”. Y añade, “lo que las compañías mineras quieren es certidumbre”. Según él, en Colombia “no se sabe lo que va a pasar al día siguiente” y ello sí es preocupante. Ello explica, la caída de Colombia en el escalafón del nivel de atracción de inversión, pasando desde el puesto 34 entre 109 países considerados en 2011 al puesto 55 en 2015, según la Encuesta realizada por Fraser.
A Colombia le toca competir con muchos otros países, que igualmente están en procura de atraer a los inversionistas para desarrollar la actividad extractiva y para ello es fundamental contar con un marco legal y regulatorio atractivo. Entre los aspectos considerados para calificar al país, después de la seguridad, en donde ocupa el puesto 105 entre 109, el principal lastre que arrastra Colombia es la incertidumbre por las regulaciones ambientales, en donde ocupa el puesto 75, seguida por la incertidumbre administrativa, así como la interpretación y aplicación de la regulación existente, en donde ocupa el puesto 71. Es decir, que la gobernanza en el sector en Colombia deja mucho qué desear y se complica cada día más.
Recientes sentencias de las altas cortes han dado pie a las empresas que alegan le han sido conculcados sus derechos adquiridos van a tratar de hacerlos valer y estos pleitos le pueden costar un ojo de la cara a la Nación. Pero, el daño mayor que causan es que minan la confianza inversionista debido al súbito cambio en las reglas y a la inseguridad jurídica que ello propicia.