POLÍTICAS DE GOBIERNO, NO DE ESTADO
Apuesta por biocombustibles
PARADÓJICAMENTE el Estado colombiano adolece de políticas de Estado y, a falta de éstas, terminan imponiéndose las políticas de Gobierno, las cuales tienden a ser repentistas y reactivas, respondiendo siempre a las variantes y volubles coyunturas y su curso responde al vaivén del acontecer político. Ello, a juicio del premio Nobel de economía, Douglas North, frena el crecimiento y el desarrollo sostenible de un país.
Esta vez queremos referirnos a la falta de continuidad y a las incoherencias de las políticas públicas en el caso de los biocombustibles. En el año 2001 fue sancionada la Ley 693 de 2001, de mi autoría, posteriormente cobró vida la Ley 939 de 2004 y en el 2008 se expidió el Documento Conpes 3520, sentando así las bases para el uso obligatorio en Colombia de las mezclas de un porcentaje de etanol con la gasolina, en el primer caso, y de aceite con el diésel, en el segundo.
Se partió de la premisa de que pese a que los combustibles de origen fósil, que son altamente contaminantes y contribuyen como los que más al temido cambio climático, según la AIE, seguirán teniendo un gran peso en la matriz energética. Se trata, entonces, de mejorar su calidad mediante dicha mezcla, ya que de este modo se reducen las emisiones de GEI a consecuencia de la combustión en los motores. En efecto, los biocombustibles están contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año, equivalentes a 6 puntos porcentuales.
También se tuvo en consideración la importancia que reviste para el país la seguridad energética. En Colombia, con la caída de los precios del crudo sus reservas también han caído. Gracias a las mezclas de los biocombustibles, estos suplen 19 mil barriles/día de derivados del petróleo y podría ser mayor si el Gobierno le soltara las amarras autorizando porcentajes de mezclas mayores a los actuales, del 8.4% para el etanol y el 9.2% para el biodiesel.
También es cierto que la producción de la materia prima que les sirve de insumo a las plantas de etanol y biodiesel, 12 en total, ha tenido como efecto la ampliación de la frontera agrícola, particularmente en las plantaciones de palma africana para producir aceite con 250 mil hectáreas nuevas. Dado que estos cultivos son intensivos en mano de obra, están generando un empleo directo y dos indirectos por cada siete hectáreas sembradas, lo cual se traduce en ingresos y poder adquisitivo en el campo, que es donde más se requiere, sobre todo de cara al posconflicto.
Como si lo anterior fuera poco, en estos momentos de alta tensión del sector eléctrico, sumados entre la agroindustria de la palma y de la caña están aportando una capacidad de 537 MW de potencia instalados. No obstante las dubitaciones del Gobierno están poniendo en riesgo la meta que se propuso el propio Estado de llegar a un porcentaje del 20% para el 2020.