Con los crespos hechos
A sólo 5 días de la fecha fijada para abrir los sobres contentivos de las ofertas presentadas por tres empresas, que fueron las que finalmente mantuvieron en firme su oferta de la compra del 57.66% de la participación accionaria de la Nación en Isagen, se produjo un nuevo pronunciamiento de parte del Consejo de Estado que frenó el proceso de dicha venta después de que este se reanudara, luego de superar una suspensión del mismo anteriormente. Para ello alega la defensa del interés público y justifica su actuación diciendo que se trata de “evitar posteriores y eventuales daños al interés público”.
Esta decisión del Consejo de Estado le cayó al Gobierno como un baldado de agua fría, justo en el momento en que el vicepresidente Germán Vargas y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas protagonizaban un agrio enfrentamiento público en torno de la suerte del paquete de la cuarta generación de concesiones viales (4G). A propósito de esta trifulca entre dos altos funcionarios del Gobierno en las actuales circunstancias, sí que cabe la expresión de Jesús en aquel pasaje bíblico en el que reprende a uno de sus discípulos diciéndole: “cómo estamos Pedro y tú cortando orejas”.
De modo que el próximo martes la canadiense Brookfield Managment, la chilena Colbún y la francesa GDF Suez se quedarán como la novia de Barrancas, con los crespos hechos, vestida y alborotada, porque el novio no va a poder llegar al altar para consumar las nupcias. A propósito de la decisión del Consejo de Estado no hay que llamarse a sorpresas, el Gobierno estaba advertido del riesgo de seguir avante con dicho proceso, a sabiendas de que cursaban en los tribunales varias acciones legales en su contra que no habían sido resueltas. A ello se suman la abierta oposición del Congreso de la República a dicha enajenación y las reiteradas advertencias de los organismos de control sobre un posible detrimento patrimonial de la Nación a consecuencia de la misma y a todos ellos se les desoyó.
Con suficiente antelación el Procurador le solicitó al Gobierno que no se avanzara en dicho proceso “hasta que se verifique, de acuerdo a los criterios técnicos adecuados y apropiados, cuál va a ser la afectación al patrimonio público”. Y más recientemente llamó la atención del Gobierno“por cuanto a la fecha se encuentran en curso 9 acciones judiciales, cuyas decisiones pueden resultar adversas a los intereses de la Nación”. Y va más lejos el señor Procurador, al coincidir con el pronunciamiento de la Contraloría General en el sentido de que “la venta no solo limita el control que el Estado tiene en el mercado de energía eléctrica sino que se pasa a depender de las determinaciones de privados para expandir la oferta energética. El negocio puede generar presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir dividendos” de parte de Isagen.
*Exministro de Minas y Energía