Del voto preferente
El Congreso de la República tramita en este momento el Proyecto de presupuesto 2012-2013 del Sistema General de Regalías (SGR), el cual está aforado en la suma de $ 17’726 millardos. Como es bien sabido para que las entidades territoriales puedan acceder a los recursos de los fondos de inversión del SGR deben presentar sus proyectos a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD). Estos, como ya tuvimos oportunidad de reseñarlo, han resultado inoperantes y paquidérmicos.
A la postre, nadie está contento con los OCAD; pero, curiosamente, los más inconformes con este mecanismo son los parlamentarios, que fueron quienes los crearon. Ahora se quejan de que “al definir la estructura de decisión de los OCAD se les dio un excesivo poder de decisión a los gobernadores”. Por su parte el Gobierno no ha disimulado su disgusto con el funcionamiento de los OCAD, porque en ocasiones en el momento de tomar decisiones en torno de los proyectos a aprobar las autoridades regionales han terminado por imponerse a la omnímoda voluntad del Gobierno central a través de sus mayorías en el seno de los mismos.
Pues, bien, después de darle vueltas al asunto, se llegó a la fórmula salomónica perfecta que le permitirá al Gobierno imponer sus decisiones en los OCAD a través de su voto preferente y, como favor con favor se paga, por esta vía favorecer aquellos proyectos que tengan el padrinazgo de los parlamentarios afectos al mismo. Se repetirá con el Presupuesto del SGR una práctica que ha hecho carrera en el trámite y aprobación del Presupuesto de la Nación la de los vitandos “cupos indicativos”.
Se trata, según lo aprobado en las primeras de cambio de que los proyectos de inversión susceptibles de financiación por los fondos de inversión que hacen parte del SGR “para su aprobación deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional“. Este artículo ya fue aprobado por las comisiones económicas de Senado y Cámara en comisiones conjuntas y sólo le resta el pupitrazo de las plenarias. Ello transgrede el principio constitucional de la autonomía de las entidades territoriales y siendo que el Gobierno Nacional tiene un férreo control del SGR a través del DNP, los alcaldes y gobernadores, concejos y asambleas quedarán reducidos a simples convidados de piedra. Todavía estamos a tiempo para impedirlo.