A TRAVÉS DEL TEODOLITO

Fiscal debe ir al Congreso

Todo ciudadano medianamente informado debe saber que en las leyes, códigos y procedimientos que examinan, estudian, condenan, señalan, en fin, se ocupan de la conducta ciudadana existen penas sobre cuya magnitud puede haber criterios diferentes, pero por lo menos se sabe que para toda conducta desviada existe sanción, por lo menos en  teoría.  Dejando a un lado el aspecto puramente humano de quien ha sido señalado como que ha infringido una ley quienes deben juzgarlo no deben anteponer ni la amistad ni los principios a sus fallos. Si la ley se aplica con recto criterio, todo aquel que la bordea o la atropella debe ser castigado.

Con base en los principios democráticos que establecen el legítimo derecho del ciudadano a defenderse de acusaciones y sindicaciones falsas o no falsas, la misma ley que establece las sanciones, también los procedimientos a los cuales se deben acoger tanto acusadores como acusados. El país ha sido testigo en los últimos años cómo  no ha habido miramientos  para quienes han ocupado importantes cargos públicos y desempeñado tareas destacadas en el sector privado;  no han sido inmunes al rigor de las normas que deben cumplir. Pero sí lo han sido como  unos y otros, señalados como violadores de la ley, gracias a los procedimientos de defensa muy hábilmente manejados por los abogados defensores. Éstos hacen que los procesos se dilaten indefinidamente hasta conseguir la prescripción que la misma ley establece para no tener a un ciudadano sometido a  férula de la misma. La opinión pública suele ser un juez implacable; dicta sus sentencias “in pectore”, aunque la justicia ordinaria se demore en hacerlo. Los responsables del cartel o carrusel de la contratación en Bogotá, constituyen un vivo ejemplo de lo que se ha dicho. Algunos concejales y funcionarios no han tenido escapatoria y purgan sus penas, no solamente las impuestas por el juez sino también las impuestas por el Ministerio Público que con justicia los proscribe del servicio público por el desvarío en su conducta. Asimismo hay un buen número de otros que siguen tan campantes como el Johnny Walker que lleva casi un siglo deambulando y no hay quien lo detenga. Como tenemos la costumbre de señalar las fallas o los errores  por estas y otras fallas se ha extendido la opinión que casi que se convierte en axioma, que es una verdad que no necesita demostración sobre la justicia que entre nosotros es inoperante.

El escándalo que ha sacudido a la opinión es el del Fiscal quien basado en la interpretación de la ley se niega a explicar su conducta ante el Congreso Nacional. No es pertinente discutir ahora si tiene o no tiene razón; en lo que no la tiene es en su negativa a explicar su conducta. No importa que el escenario lo considere inapropiado, pero si no tiene responsabilidad alguna como él dice y todo lo hizo conforme a las layes vigentes, ¿qué importancia tiene explicar lo que él considera explicable ante el Congreso? ¡Qué mejor escenario que ante los representantes del pueblo reunido en el Congreso!  Vuelvo a la teoría de los procedimientos que hacen nugatorio el ejercicio de la justicia; el Congreso se ocupa en este caso del análisis de si la conducta del Fiscal se ajustó a los preceptos para y por lo cuales fue designado. Qué mejor para él que presentarse ante el Congreso, aunque existan personas que no son de su simpatía y van a buscarle y hacer protuberantes los errores cometidos. Bien parece ser un ejercicio válido de la democracia.