“Esencialmente ineficiente”

Afirmar  que el Estado es "esencialmente" ineficiente puede resultar una afirmación audaz para muchos, pero solo se trata de una mera descripción concordante con lo que muestra el presente.
Los defensores de la idea del Estado eficiente dicen que existen sobrados ejemplos en la actualidad de naciones que han llevado adelante proyectos exitosos que permiten dejar atrás las recurrentes críticas a las eternas deficiencias que se describen con lujo de detalles. Lo cierto es que esos países que parecen victoriosos en esta batalla por conseguir esa fantasía, son buenos ejemplos gracias a un proceso de comparación superficial con otros peores como los que se conocen tan frecuentemente en estas latitudes. Se trata, en todo caso, de una mirada relativa, que elogia exageradamente desempeños considerados aceptables respecto de otros claramente desafortunados. Es solo una cuestión de matices, pero no de fondo. El Estado y la eficiencia son conceptos contrapuestos, incompatibles, que no tienen consonancia alguna. Tal vez para profundizar la discusión sea necesario recordar que la eficiencia está directamente asociada a "conseguir un propósito empleando los medios idóneos" y se debería partir desde allí si se quiere analizar el asunto con seriedad y sin apasionamientos excesivos.
En todos los casos, los que toman decisiones son personas que administran un patrimonio ajeno, bienes que son de todos los ciudadanos de una jurisdicción, dineros de cada habitante local. A la hora de orientar esos recursos, aun mediando la buena fe, la mejor de las intenciones y un espíritu saludable, se cae inevitablemente en cierta injusticia.
No es que en el sector privado eso no pueda suceder. También allí se toman determinaciones inadecuadas y se cometen errores, muchas veces groseros. La diferencia pasa por quien paga los costos de esos desaciertos. Cuando algo sale mal y están involucrados solo privados,  pues se trata de decisiones que se han tomado asumiendo la existencia de riesgos y los costos de esas cuestiones las pagan solo los individuos involucrados.
Ahora cuando esas decisiones equivocadas se incurren en el ámbito estatal, los disparates los pagan todos los ciudadanos. Eso significa que cada individuo deberá trabajar más para que nuevamente le sean quitados más recursos ganados con su esfuerzo vía más impuestos, endeudamiento o emisión monetaria.
En el sector estatal, la austeridad es un concepto casi siempre ausente. A la hora de elegir, de erogar y comprar, no necesariamente se tomarán decisiones como en el sector privado.

Los procesos abiertos de información evitan parte de la corrupción estructural y reducen la posibilidad de que el funcionario de turno seleccione caminos con absoluta discrecionalidad. Se debe trabajar mucho en esta cuestión, pero resulta indispensable entender el problema con claridad y asumir definitivamente que el Estado es esencialmente ineficiente.
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