La coyuntura de la negociación de paz es clave para reformular la estrategia contra el narcotráfico y que ésta tenga una dimensión y responsabilidad globales

Por María Isabel Loaiza Cordero (*)

Especial para EL NUEVO SIGLO

En el marco de las negociaciones de paz en La Habana (Cuba), el gobierno colombiano tiene la posibilidad de replantear la forma en que se debe atacar el problema de las drogas ilícitas y, a su vez, transformar la política antidroga para contrarrestar las diferentes dimensiones que lo componen, e incluso plantear la necesidad de un diálogo y debate internacional que permitan la búsqueda de soluciones conjuntas.

El modelo prohibicionista con el que se ha atacado el problema de las drogas ilícitas en el mundo ha tenido falencias en términos de reducción del consumo de estupefacientes, se han mantenido las hectáreas de cultivos ilícitos y se sigue tratando a consumidores y a productores como criminales.

La política antidroga debe ser una política multinivel y debe tener en cuenta el amplio espectro de la existencia y efectos de cada una de las drogas ilícitas, para no cometer los errores del pasado: el ex presidente estadounidense Richard Nixon en la guerra contra las drogas se basó en su gran mayoría en contrarrestar a la marihuana, a la heroína y a los derivados de los opiáceos, lo que muchos consideran que dio pie al auge del consumo de la cocaína y del LSD; posteriormente se prestó especial atención a las sustancias sicotrópicas como el LSD y los ácidos, y cuando se hizo un esfuerzo internacional para contrarrestar el problema de las drogas ilícitas a finales de los ochenta, la cocaína ya tenía un auge de proporciones descomunales y, a su vez, se presentaban con mayor fuerza los problemas conexos como el narcotráfico.

A la ONU

Las políticas antidrogas formuladas hasta hoy han atacado de una forma u otra el problema, pero este sigue aún vigente y cada vez toma más fuerza; los países más afectados deben impulsar el debate internacional, para que en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se lleve a cabo una nueva Convención Internacional que responda a las transformaciones que ha tenido el problema de las drogas ilícitas. Por ejemplo: existen nuevas drogas que están cobrando vidas como las metanfetaminas y la conocida como “Krokodil”, que son atacadas a través de los exhaustivos esfuerzos para la criminalización de los adictos, traficantes y productores.

Es la oportunidad para que el país formule una política antidroga que tenga en cuenta los diferentes eslabones del proceso y que, además, sea un política que responda a la coyuntura del país, diferenciada para las regiones que cultivan, procesan y comercializan estupefacientes, e incluso diferenciada para los productores campesinos, indígenas y afro descendientes, quienes se encuentran en la base de la cadena y son los más afectados, porque en su gran mayoría están en medio de los intereses de las bandas y grupos al margen de la ley, que obtienen las mayores ganancias de la venta de los estupefacientes.

La política antidroga internacional deberá sumar esfuerzos para disminuir a nivel macro los ejes  transversales del problema como: la siembra, el cultivo, la producción, comercialización y tráfico, para reducir el consumo. Sin embargo, cada país deberá comprometerse en la formulación de una política antidroga micro, que sirva para cumplir con los compromisos macro, pero que sea completamente autónoma y acorde a la coyuntura interna de cada país, tenga en cuenta a los más afectados, ya que son ellos quienes pueden brindar ideas y recomendaciones para tratar de superar el problema.

Después de la guerra contra las drogas y la experiencia obtenida estos años, el país puede liderar el debate internacional, y participar en el establecimiento de una Convención Internacional que responda a los nuevos retos.

Reformular el modelo

El debate se podría iniciar partiendo del análisis del modelo actual, sus verdaderos resultados y, sobre esta base, fomentar el diálogo internacional con el establecimiento de unos compromisos colectivos. El gobierno de Colombia debe reformular la política antidroga e impulsar un modelo que tenga en cuenta la parte social e incluso transformar la política teniendo en cuenta la negociación de paz y los futuros cambios institucionales que se deberán hacer para su consolidación y mantenimiento a largo plazo.

De esta forma, teniendo en cuenta los diferentes eslabones, la multidimensionalidad del problema y su base social que recae muchas veces en productores agrícolas sin otros medios de sustento. Esta política podría ser parte de la futura reforma rural que se espera se lleve a cabo en los próximos años. Así, al presentar a esos cultivadores otras opciones y alternativas para salir de la ilegalidad, opciones a corto, mediano y largo plazos, se podría esperar que quienes siembran cultivos ilícitos los dejen voluntariamente e incluso que dé como resultado la eliminación de la erradicación forzada.

Por otro lado, se deberán tener en cuenta otros eslabones del proceso, como es el caso de los precursores químicos y las sustancias que se usan para la obtención del clorhidrato de cocaína y otras drogas, por lo que Colombia deberá integrar su futura política autónoma a la política macro internacional para controlar las cantidades de las importaciones y exportaciones de éstos como un esfuerzo conjunto.

Para el eslabón de la comercialización y la distribución, se podrían establecer estrategias internacionales con las fuerzas policivas, el intercambio de experiencias e inteligencia para el control de las redes del narcotráfico.

Finalmente para el consumidor, la política antidroga podría tener un énfasis hacia una política de salud pública que se base en el conocimiento de los efectos y consecuencias del uso de las diferentes drogas, para prevenir su consumo y, de igual forma, ayudar a los adictos en su proceso de rehabilitación.

Entender y encontrar soluciones al problema de las drogas ilícitas en sus múltiples dimensiones, es una labor que deben realizar todos los Estados, pero es Colombia quien está en una mayor capacidad de responder a este reto, debido a la coyuntura de la negociación, las transformaciones institucionales que se deberán llevar a cabo para consolidar una paz duradera y para que los esfuerzos que se realicen tengan resultados en el corto, mediano y largo plazos. Para lograrlo, Colombia debe incentivar el debate, formular una política adecuada a sus necesidades y ser un modelo para los demás países afectados por este problema, todo esto enmarcado en el establecimiento de una futura convención internacional.

(*) Joven Investigadora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.